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Full text of "Luis Melián Lafinur - El problema nacional y su solución inmediata"

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Y 


EL 




POR EL CIUDADANO 


LUIS MELIAN LAFiNUR 


O magna vis venta lis, qunc contra lioininum 
ingenia, callidilatcm, solcvtinm, eontraquo fic- 
tas insidias otnráuin, fucile se per scdcfondnt. 

Cicerón— Pro Cedió, pnragráphus XXVI. 


Oh! magna fuer/a de la verdad que por sí 
misma se defiende fácilmente de (odas las 
habilidades, las trampas, las malicias y viles 
asechanzas que el hombre esgrime contra ella. 

Cicerón— Defensa de Celio, parágrafo XXVI. 



MONTEVIDEO 

'El Siglo Rastrado”, de Ture une, Vnrzl y Cía. 
CALLE h8 DE JULIO — 25 

1905 


Precio: 20 cent6s'mo5 





EL PROBLEMA NACIONAL 



Publicaciones del mismo autor 


El Lustro Horrible (poesía), 1881 (agotada). 
Las Mujeres de Shakespeare, 1884 » 

Exégesis de Banderías, 1893 » 

Los Treinta y Tres, 1895 » 

Las Charreteras de Oribe, 1895. 

f 

Charla Menuda, 1897. 

Sonetería, 1897 » 

Causa política de Avelino Arredondo (dos 
folletos), 1898. 



Y 


EL 


NACIONAL 


o 



HEDI 



POR EL CIUDADANO 

LUIS MELIAN LAFINUR 


O magna vis veritatis, qucc contra hominum 
ingenia, cali idi latera, solertiam, contraque fic- 
tas insidias omnium, facile se per se defendat! 

Cicerón — Pro Coelio, paragráphus XXVI. 


Oh! magna fuerza de la verdad que por sí 
misma se defiende fácilmente de todas las 
habilidades, las trampas, las malicias y viles 
asechanzas que el hombre esgrime contra ella! 

Cicerón— Defensa de Celio, parágrafo XXVI. 



MONTEVIDEO 

I»p. “El Siglo Ilustrado”, de Tureuue, Varad y Cía. 
2J — CALLE j8 DE JULIO — 2J 

1905 



Ninguna cosa no puede ser fecha en este 
mundo, que^algun emnendamienlo no haya 
do haber. . . 

Ley 17, título l.°, Partida 1. a . 

E después que todo lo ovieren visto, si fa- 
llaren que las razones de las leyes tiran más 
á mal que á bien, puedenlas desatar 6 toller 
del todo. 

Ley 18, título l.°, Partida 1. a . 


Consideramos que estos sencillos apuntes pue- 
den ser de alguna utilidad á los que estudien el 
problema de la Reforma Constitucional retarda- 
da todas las veces que se ha intentado, con razo- 
nes especiosas casi siempre, temores infundados, 
cavilosidades y mil circunstancias peculiares de 
nuestra anacrónica existencia. 

Las rivalidades feroces de los partidos tradicio- 
nales, que en su inclemencia sólo cesan á inter- 
valos para enjuagues inmorales y convenios re- 
probables, hallan su acción conciliatoria tan sólo 
en componendas como los feudos en armas auto- 
rizados por Cuestas que han tenido su lógico 



— 6 


epílogo en un mar de sangre; y si los círculos se 
agitan con eficacia es por lo común en la esfera 
de quien engaña á quien; pero cuando se trata de 
abordar con decisión el problema nacional en sus 
bases fundamentales, entonces los autores ó im- 
pulsores de remiendos menguados, ellos que no 
tiemblan al preparar los horrores de la guerra 
civil, se encogen ante la erección del verdadero 
edificio que podría albergar las aspiraciones comu- 
nes y los derechos legítimos de los ciudadanos, 
saliendo una vez por todas de esos eternos ensayos 
de fusiones de mala fe é intrigas de politicastros 
y caudillos, embrollos de vergonzosa recordación 
que no hacen más que deprimir los caracteres y 
los fueros cívicos para dar posición espectable y 
cómoda á una veintena de traficantes políticos sin 
que las instituciones, como se comprende, ganen 
nada con ello, ni se salga de un modus vivendi 
que larga y dolorosa experiencia ha acreditado 
ser incompatible con la organización definitiva 
del país. 

Que los hombres son los malos y no las Cons- 
tituciones se repite sin cesar, y que la deficiencia 
de ellas la salva fácilmente un patriotismo dis- 
creto; pero los boquiabiertos que endilgan esas 
novedades ya de clisó, olvidan que donde no 



— 7 — 


abunda patriotismo discreto ni de ninguna clase 
y al mismo tiempo las leyes son inconvenientes, 
es lo lógico corregirlas en lo posible, y así de dos 
males quedaría al menos uno solo en pie, lo que 
á uo dudarlo es en materia de males una plausi- 
ble disminución. 

Sucede también que de igual modo que Ber- 
toldo nunca hallaba árbol en que ahorcarse, no 
encuentran jamás oportunidad para reformar 
nuestro Código Político los que usurpando fun- 
ciones de directores de la opinión pública y ha- 
ciendo bullanga al rededor de las camarillas que 
los consagran infalibles, pontifican desde su solio 
de Catones para extraviar los deseos populares 
y empotrarnos en la Constitución de 1830 
que una larga experiencia ha demostrado cuán 
inútil es para lo bueno y cuán elástica para lo 
malo, no pasando de un sofisma el temor de per- 
der la garantía que en ella se encuentra contra 
largas dominaciones personales en el artículo que 
prohíbe la reelección presidencial, como si fuera 
de conjeturarse que ese sano precepto contra los 
Porfirios Díaz en ciernes, no habría de estar en 
el alma uruguaya de todos los miembros de una 
Asamblea Constituyente que se eligiese de dis- 
tinta manera á la que se eligen las asambleas 



— 8 — 


legislativas y que se compusiera, por ende, de los 
únicos ciudadanos á quienes por sus anteceden- 
tes, seriedad y preparación, se pueden encomen- 
dar tan augustas y delicadas tareas. 

Si la Asamblea Constituyente que haya de 
reformar nuestro actual Código Político tiene su 
origen en elecciones populares de verdad, para 
congregarse con el decoro y consideración que 
corresponde á sus elevadas funciones, no cabe 
abrigar temor de que haya uno solo de sus miem- 
bros capaz de pugnar por la reelección presiden- 
cial; y si se compone, lo que no es de creerse, de 
pelagallos abortados de un complot liberticida 
para formar un caucus de incondicionales dóciles 
á la voz del amo que los nombre, harán una 
obra irrisoria y sin prestigio que nadie tomará en 
cuenta, que servirá de bandera para legítimas 
reacciones, y que el primero en impedir que se 
sancione será el mandón que se ilusionó en un 
momento de vértigo con la posibilidad de una 
dominación mejicana; y todo esto último, por su- 
puesto en la hipótesis de que sea un ambicioso 
vulgar á la vez que un insensato quien ocupe la 
presidencia de la República en el momento de la 
reforma constitucional, porque si como debe es- 
perarse es un hombre por lo menos de simple 



— 9 — 


buen sentido, se anticipará á los peligros de la 
aventura, y lejos de propiciar con miras persona- 
les un congreso de badulaques, estimulará por el 
contrario la formación de una verdadera Consti- 
tuyente, para lo cual bastarále una conducta dis- 
creta en el acto electoral; y como por otra parte 
se tratará de investiduras gratuitas, no haya cui- 
dado de que asedien con sus exigencias al primer 
magistrado ó á los caudillos electorales de campa- 
ña, ni los elocuentes tribunos del silencio, ni los 
pegadizos de todos los tiempos que siempre opi- 
nan con el que manda, ni los tinterillos de aldea, 
ni los ilustres desconocidos, patriotas eminentes 
todos que en general se despepitan por hon- 
rar al país en el cargo de legisladores; pero que 
abnegadamente abandonarían el campo con lau- 
dable modestia y singular cordura en una elec- 
ción de Constituyentes sin emolumentos. 

Por lo demás, vienen en nuestro auxilio pre- 
cedentes que en el Río de la Plata nos alejan el 
fantasma del obsequio mejicano. 

Urquiza, caudillo de lanza y sable y no de los 
más mansos seguramente, ni de los menos ambi- 
ciosos, constituyó después de su victoria de Ca- 
seros el Congreso que había de dar y dió su Có- 
digo Político á la República Argentina, y buen 



— 10 — 


cuidado tuvo él que era el Deus ex machina de 
la gran reforma, de halagarse con la idea de que 
los legisladores que congregó para solucionar los 
problemas déla unidad nacional, habrían de adu- 
larlo con el peligro y la torpeza inicua de un ar- 
tículo de la Constitución que consagrase la re- 
elección presidencial en una República de origen 
español. 

¿Cómo presumir, pues, que lo que á un caudi- 
llo dominador no se le ocurriera en los mareos de 
su reciente triunfo militar, habría de antojársele 
á un ciudadano uruguayo? 

Ni Latorre ni Santos en sus tanteos de la opi- 
nión á ese respecto, se atrevieron tampoco á darle 
forma concreta á la idea, y á fe que cualquiera 
de los dos era como de encargo para el caso. 

¿Por qué ha de suponerse menos buen sentido, 
menos previsión y menos amor á la propia vida 
en los políticos de los tiempos que corren, que 
en los gobernantes de antaño? ¿Acaso no se ven 
ahora en la aventura los mismos riesgos que an- 
tes contuvieron á los hombres de espada más 
audaces? 

Pero ... ¿es llegado el momento de abordar la 
reforma constitucional? Después de muy maduro 
examen contestamos sin vacilar que sí, porque 



— 11 


creemos que fuera de las tristes circunstancias de 
estar la República en las garras del despotismo co- 
mo en la época de Latorre, encariñado también el 
muy atrevido con un proyecto de Convención, (1) 
que se puede suponer cómo sería, todas las opor- 
tunidades convienen para llevar á cabo la magna 
obra bajo los auspicios de un gobierno normal. 

Desde el año 1852 en adelante, siempre que ha 
estado el país al amparo de una legalidad acep- 
tada, ya que no pudiera decirse bajo el patrocinio 
de un gobierno constitucional indiscutible como 
en Suiza ó en los Estados Unidos, pensamos que 
la reforma ha debido acometerse por una Asam- 
blea Constituyente elegida ad hoc acudiendo á la 
fuente originaria de la soberanía popular sin to- 
mar para nada en cuenta las trabas atentatorias 
á esa soberanía que han pretendido imponer, y 
han impuesto hasta ahora al pueblo uruguayo, 
los artículos 152 á 159 de nuestro Código Polí- 
tico. 


(1) En la reunión de apreeiables ciudadanos celebrada 
en el domicilio del sanguinario tirano el 6 de Diciembre 
de 1877, se estableció en el acta allí levantada, que expre- 
sándose diversas opiniones «prevaleció por lo general la 
« de abandonar el pensamiento de la Convención Nacio- 
« nal, juzgándose más conveniente y arreglado el dejar la 
« reforma constitucional á la asamblea ordinaria que de 
« ella deba ocuparse. » 



— 12 — 


Uno de los más sagaces estadistas de la actua- 
lidad argentina (1) expresaba hace poco tiem- 
po verdades hoy corrientes, pero tan útiles y 
aplicables á nuestro caso como estas: «Las Cons- 
« tituciones nadie las hace, ellas se hacen, ha di- 
« cho Mackintosch, frase que sorprendió á algu- 
« nos, lo que hizo decir á Spencer que lo que á 
<- él le había sorprendido no era la frase, sino la 
« sorpresa que había ocasionado, pues aquélla 
« afirmaba una verdad evidente y hasta vulgar. 

« La constitución de un pueblo no es un do- 
« cumento escrito, como tantos lo creen, sino su 
« mismo organismo, que no es obra de nadie 
« sino el resultado de una lenta gestación, en la 
« que han obrado é influido todos los elementos 
« ambientes y todos los atavismos, favorecida ó 
« contrariada por la acción de las diversas gene- 
« raciones. 

« Las constituciones escritas sólo tienen valor 
« é importancia cuando son la expresión de la 
« idiosincracia propia de ese organismo, cuando 
« se han limitado á codificar, con las modifica- 
« ciones posibles y necesarias, sus modos y há- 
« bitos. En una palabra, una constitución sólo lo 

(1) Carlos Pellegrini en una carta desde París, publicada 
en «La Nación» de Buenos Aires del 16 de Enero de 1905. 



13 — 


« es de verdad cuando es la sanción de una cos- 
« turnbre, que es y sería practicada y respetada 
« aunque no estuviera escrita. Estas leyes polí- 
c ticas deben, pues, como son las leyes sociales, 
« ser el resultado casi espontáneo de nuestra 
* educación.» 

La Constitución uruguaya desgraciadamente 
no tiene en sus páginas ninguna de las condicio- 
nes ni antecedentes que según la opinión recogida 
por el pensador argentino, deben informar la re- 
dacción del Código Político de un pueblo, por la 
sencilla razón de que nosotros los uruguayos no 
constituíamos propiamente un pueblo orgánico 
cuando se juró el Código de 1830. Se hizo por 
los constituyentes un trabajo teórico con disposi- 
ciones tomadas de aquí y de allá, bien ó mal 
abrochadas, sin saberse qué aplicación habría de 
dárseles en lo sucesivo desde que no se conocía la 
que pudieran tener en el momento mismo en que 
se creaban para ponerlas en vigencia. 

Los constituyentes, pues, fueron según la frase 
de Pellegrini autores de un «documento escrito»; 
pero no fueron en nuestro concepto los artífices 
de un estatuto adaptable á ningún hábito consue- 
tudinario, ni los cinceladores de una obra que es- 
tuviese ya esbozada en las masas, vivificada en 
las costumbres y autorizada por la tradición. 



— 14 


Lejos de eso, destruyeron impíamente en ab- 
soluto por temores pueriles la institución de los 
cabildos, única que tenía arraigo en los usos po- 
pulares de aquel tiempo, y que modificada razo- 
nablemente pudo convertirse en municipio autó- 
nomo, base y escuela de libertad; pero lejos de 
eso los miembros de la Constituyente trasunta- 
ron los cabildos en las Juntas actuales que para 
ser de alguna utilidad han violado los propósitos 
de su origen constitucional en ensanches, prerro- 
gativas, facultades y atribuciones, que no estu- 
vieron en la mente cautelosa de los que en odio 
á los cabildos convirtieron las Juntas en simples , 
dependencias del Poder Ejecutivo. 

Las asonadas del cabildo abierto que fue un 
eficaz elemento revolucionario durante la época 
déla independencia de América y su temible 
predominio en mil circunstancias, bien pudieron 
alarmar á los legisladores para que creyesen, co- 
mo don Florencio Varela, (1) que una vez cons- 


(1) Cabildos en «Pro-Patria», página 12. Aristóbulo del 
Valle después de establecer que «las prácticas de los ca- 
bildos no son punto de partida del gobierno libre», reco- 
noce, no obstante su hostilidad á ellos, que «esa institu- 
ción estrecha y subalterna de la colonia se convirtió en 
órgano activo de vida política de las ciudades y llegó en 
ciertos momentos á dirigir la marcha del Estado». «Nocio- 
nes de Derecho Constitucional», páginas 48 y 377. 



15 — 


tituída la nación «el cabildo terminó su capaci- 
dad de ser útil». (1) 

Claro está que su misión política había con- 
cluido; pero no su misión urbana de habérsele 
convertido por una hábil evolución en municipio 
autónomo, lo que estuvo muy lejos de los auto- 
res de la Constitución en sus artículos 125 á 129, 
precarios é incongruentes artículos, al establecer 
la reunión de los ediles dos veces al año, para 
estimular su laboriosidad sin duda, y la vigilan- 
cia sobre los derechos individuales, facultad que 
tuvo su más estrepitoso fracaso cuando la recla- 
mación de Juan Carlos Gómez contra su arbi- 
trario destierro en 1857. Agregúese á eso el avi- 
so al Presidente de la República del estableci- 
miento público que quiera costearse sin grava- 
men de la Hacienda Nacional, júntese con el 
Reglamento interno que haj r a de formar el mis- 


il) El libro del doctor Carlos M. de Pena, «La Adminis- 
tración local en el Uruguay», es interesante y útil para 
conocer lo que fueron los cabildos en nuestro país. Da 
sin embargo á entender que eran autónomos en los tiem- 
pos de Artigas. No estamos en esto de acuerdo con el 
distinguido publicista. Tenemos en nuestro archivo docu- 
mentos para probar que bajo la influencia del caudillo los 
cabildos fueron lo que era todo aquello en que hacía sen- 
tir él el peso de su nefasta dominación personal. 



— 16 - 


mo Presidente, y recordando la avisencia del 
Departamento Ejecutivo, que no equivale el 
Presidente de las Juntas al Intendente en los 
verdaderos Municipios, se deducirá de todo que 
siendo los cabildos lo único que los constituyen- 
tes pudieron tomar de las corporaciones á la sa- 
zón populares para elevarlos á municipios autó- 
nomos con las modificaciones fundamentales 
exigidas por el momento histórico, fueron preci- 
samente los cabildos lo que se empeñaron en su- 
primir, de modo que ni sombra de ellos quedase 
en la memoria de los hombres. 

De aquí fluyen dos hechos: la carencia de 
sentido práctico en los autores déla Constitución, 
creyendo que podían copiarla de otra ó inven- 
tarla teóricamente, y la falta de lógica en los que 
atemorizados ante el problema de su reforma, 
que se Ies antoja pavoroso, optan empero muy 
sueltos de cuerpo por violarla y prefieren sofis- 
ticar como en el asunto de las Juntas, que cuanta 
más autonomía tengan más se alejan de los pro- 
pósitos de la Constitución y más la infringen, ó 
como en el número de los diputados que compo- 
nen la legislatura actual y han compuesto las 
anteriores con constante desconocimiento ú olvi- 
do del artículo 19; y esas violaciones se suceden 



-- 17 


respecto del artículo 34, y del 37 y del 40, con 
los senadores y representantes que se reservan 
empleos del Poder Ejecutivo á pretexto de que 
los desempeñan gratuitamente, y con las dietas 
convertidas en sueldo de Enero á Enero y con 
la prórroga indefinida de las sesiones; de igual 
manera que se produce constantemente la viola- 
ción del artículo 110 con el nombramiento de 
Jefes Políticos sin vecindad ni arraigo en el De-, 
partamento á que se les destina, como se pro- 
duce en otros puntos reveladores todos de que 
los atropellos al «Código fiel» son tan de bulto 
como el ripio imperdonable en esa frase del pro- 
saico verso del himno patrio. 

Las Juntas E. Administrativas ajustándose á 
los preceptos constitucionales vivieron en pa- 
triarcal somnolencia durante muchos años, para 
despertar un buen día rebelándose á fin de alar- 
dear de municipios autónomos, desautorizados de 
antemano por el espíritu y la letra de la Consti- 
tución y por el medio ambiente en que ésta fué 
sancionada, contrario á las libertades comunales 
por razones políticas del momento. 

Pero á diferencia de lo que sucedió en la épo- 
ca de discutirse nuestro Código Fundamental, 
en que no había ambiente político que envolvie- 


2 



— 18 — 


se á los legisladores con aspiraciones encarnadas 
en la conciencia pública, viene aconteciendo ja 
de muchos años atrás, que la opinión se muestra 
deseosa de Ja reforma constitucional apuntando 
día á día vicios é inconvenientes subsanables por 
medio de una apelación directa al pueblo que 
desea manifestar su voluntad, poco satisfecho de 
las pretendidas clases de superior cultura y pers- 
picacia, cuyos temores apocalípticos c infundadas 
aprensiones en manera alguna comparte, estando 
en lo cierto al ansiar la reforma; y así como se 
dijo una vez que «había alguien que sabía más 
que Napoleón: la Francia», de igual manera el 
pueblo uruguayo cree hoy que en esta materia 
sabe más que sus genios tutelares empeñados con 
especial esmero en que se vista á la moda enga- 
lanado con el indumento fósil de 1830. 

Ya en 1853, el más liberal, noblemente apa- 
sionado, austero y talentoso de los tribunos uru- 
guayos, Juan Carlos Gómez, aprovechaba su 
posición de Ministro del Triunvirato que suce- 
diera á la presidencia de don J uan F. Giró, para 
decretar la reforma de la Constitución. 

Había sido anunciada en 26 de Septiembre 
de aquel año, al final del «Manifiesto del Go- 
bierno Provisorio» en estos términos: «Declara 



— 19 — 


por último, que restablecido el orden público, 
apelará al país convocando la grande Asam- 
blea General de doble número de representan- 
tes y senadores prevista por el artículo 159 
de la Constitución de la República, y entre- 
gando los destinos del país á esa Asamblea se 
inclinará ante su soberano fallo». 

Suscribían esta declaración el general Lava- 
lleja, don Venancio Flores, don Juan Carlos Gó- 
mez, don Lorenzo Batlle y don Santiago Sayago; 
los tres últimos como Ministros, y como miem- 
bros del Triunvirato los dos primeros. 

Y, tres días después, el mismo doctor Gómez 
en el diario que era órgano de sus ideas, expli- 
caba con el calor de su alma generosa los bienes 
que debían esperarse de la reforma proyectada. 

Con el título bien sugerente por cierto de «La 
Paz Pública» decía lo siguiente que tiene hoy 
tanta ó más aplicación que cuando lo escribió el 
elocuente publicista hace cincuenta y dos años: 

«El Gobierno Provisorio ha abierto á la paz 
pública una ancha senda en su manifiesto, con la 
convocación de la grande Asamblea. 

«Es el medio de paz y de transacción entre 
los partidos, el único medio que á ninguno las- 
tima. 



— 20 


«Ese medio es la apelación al país, es la ape- 
lación á la soberanía del pueblo, á la fuente de 
todo poder y de todo derecho. 

«Es la apelación á la soberanía del país en su 
más espléndida y perfecta representación, la 
grande Asamblea, dotada por la Constitución de 
poderes absolutos para decidir todas las cuestio- 
nes pasadas y presentes. 

«La grande Asamblea cerrará el pasado, y 
fijará para el porvenir el punto de partida de 
una nueva era de la República. 

«Con la grande Asamblea se extinguirán los 
antiguos partidos, y empezarán los orientales 
una nueva vida. 

«Otro de los beneficios de la grande Asam- 
blea estará en que serán corregidos los defectos 
y llenados los vacíos de la Constitución de la 
República por una reforma pronta y fecunda. 

«Y no es una ilusión del patriotismo. Es una 
experiencia ya hecha por otros pueblos con el 
más completo éxito. Es el camino por donde los 
únicos países hispano-americanos que gozan de 
paz han salido de las convulsiones políticas. El 
Perú y Chile, los dos pueblos americanos de raza 
española que viven en paz y prosperan, han de- 
bido estos bienes á la convocación de la grande 



— 21 


Asamblea, que cerró la era de la guerra civil, é 
hizo punto á la contienda estéril de los parti- 
dos. Veinte años de paz debe á la convocación 
de la grande Asamblea la República de Chile, le 
debe el ser hoy la primera, la más adelantada de 
sus hermanas, le debe el tener hoy caminos de 
hierro, telégrafos eléctricos, líneas de vapores, los 
mayores progresos del siglo. 

«Qué! ¿habrá orientales que se nieguen á con- 
sentir en que el país decida de su porvenir? 

«¿Habrá orientales que no quieran someterse 
al fallo de la soberanía del pueblo? 

«Qué! ¿habrá quien prefiera la guerra civil á 
la felicidad que nos promete la convocación de 
la grande Asamblea?'? (1). 

En estas ideas se habían embarcado: el ilustre 
vencedor de Sarandí, el entonces coronel Flores 
de gran prestigio en su partido, don Lorenzo 
Batí le, de incesante actuación en la vida pública, 
de servicios prestados en la Defensa de Montevi- 
deo, hombre sesudo y de consejo á quien nadie 
podrá acusar de que procediera jamás con lige- 
reza. 


(1) El Orden , número 54 correspondiente al 29 de Sep- 
tiembre de 1853. 



— 22 — 


Consecuentes estos conspicuos ciudadanos con 
las declaraciones del manifiesto, y con excepción 
del general Lavalleja que ya había fallecido, ra- 
tificados en su proyecto de reforma constitucio- 
nal, dictaron al mes el siguiente decreto convo- 
cando á elecciones: 

«Ministerio de Gobierno. 

DECRETO 

Montevideo, Octubre 27 de 1853. 

En todo el territorio de la República no hay 
un solo hombre en armas ni en resistencia á la 
autoridad del Gobierno Provisorio. 

El Pueblo Oriental, de la manera más elo- 
cuente y efectiva, ha prestado su pleno asen- 
timiento á la apelación al país, que hizo el 
Gobierno Provisorio eu los momentos de encar- 
garse del ejercicio de la autoridad. 

En posesión la República de una tranquilidad 
perfecta sin que haya un solo ciudadano pros- 
crito de su seno cuyo voto falte á la expresión 
de la soberanía nacional, el Gobierno Provisorio 
llenando el compromiso que contrajo en su ma- 
nifiesto, acuerda y decreta: 



Artículo l.° De conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 22 de la Constitucióu del Estado, 
procódase el último domingo del mes de No- 
viembre á las elecciones de representantes y se- 
nadores que han de componer la grande Asam- 
blea Constituyente y Legislativa. 

Art, 2.° Cada Departamento elegirá doble nú- 
mero de representantes y senadores del que 
mandó á la última Asamblea Legislativa. 

Art. 3." Los representantes y senadores ven- 
drán autorizados con poderes amplísimos para 
revisar la Constitución del Estado, cambiarla 
en parte ó en todo, juzgar los actos del Go- 
bierno Provisorio y delegar el gobierno del país 
en los mandatarios que designaren, mientras no 
estatuyan lo conveniente sobre el gobierno defi- 
nitivo de la República. 

Art. 4." La grande Asamblea Constituyente y 
Legislativa se reunirá en Montevideo el l.° de 
Enero del próximo año 1854, quedando desde 
ahora convocados los representantes y senado- 
res que resultaren electos. 

Art. 5.° La grande Asamblea debe ocuparse 
preferentemente de la revisión de la Constitu- 
ción de la República, y terminada su reforma en 
el período de una sola sesión, cesarán en el acto 
Bus poderes y se disolverá. 



— 24 — 


Art. 6.® Expídanse las órdenes consiguientes, 
comuniqúese, publíquese y dése al Registro com- 
petente. 


FLORES. 

Juan Carlos Gómez. 

Lorenzo Batlle. 

Santiago Sayago.» 

Las ilusiones de paz y estabilidad que abriga- 
ron los firmantes del decreto, pronto se desvane- 
cieron. El plazo que transcurrió desde que se 
promulgara ese decreto hasta el día de su ejecu- 
ción, fué tan poco propicio para elecciones libé- 
rrimas como para el olvido de los odios de ban- 
dería. 

Sobrevino la guerra civil, y la idea por lo tanto 
fracasó en manos de uno solo de los partidos, 
cuando estaba destinada á modificarlos en una 
tarea de interés común que no era exclusiva- 
mente el interés de la fracción vencedora en la 
contienda armada. 

La grande Asamblea no llenó sus fines, y se 
perdió en el abismo de nuestras disensiones in- 
curables. Los trastornos revolucionarios que si- ¡ 
guieron á su convocación, impidieron que se j 



— 25 — 


constituyese con elementos de valía, salvo raras 
excepciones. Fué una asamblea de divisa y se di- 
solvió sin haber hecho nada útil y falseando 
desde luego el objeto para que había sido creada. 

Por las listas de candidatos de todos los parti- 
dos que publicaban los diarios de la época, se 
echa de ver, que sin los movimientos armados 
que agitaron al país, las elecciones más puras lo 
habrían honrado y los ciudadanos mejor prepa- 
rados y de óptimos antecedentes, se habrían de- 
signado para consumar la obra reparadora. 

Nuestras perpetuas luchas fratricidas esterili- 
zaron esa vez como tantas otras, propósitos pa- 
trióticos que cualesquiera que fuesen los defectos 
de forma del artículo 5.° del decreto, subsanables 
fácilmente por la misma asamblea soberana, 
marcaban desde luego un paso hacia adelante, y 
lo que es más y se aviene con nuestro objeto, re- 
velaban que á los veintitrés años de jurado nuestro 
Código Político ya los hombres de acción y de pen- 
samiento lo juzgaban inconveniente y encontra- 
ban en su reforma una solución de los males que 
entonces se sentían y no han cesado después. 

Debe ser, á no dudarlo, una originalidad uru- 
guaya, la Constitución que obligaba el año 1863 
á don Bernardo P. Berro, cuando aún no había 



— 26 — 


transcurrido una década del proyecto reformato- 
rio de don Juan Carlos Gómez, á proponer á la 
Asamblea General el más curioso de los dilemas 
en materias constitucionales. 

En su mensaje de 15 de Febrero de 1803 el 
Presidente de la República leía personalmente á 
los senadores y representantes un final de men- 
saje tan especialísimo, tan genuinamente criollo 
como éste: 

«Antes de cerrar el mensaje, creo deber llamar 
vuestra atención sobre un punto de la mayor im- 
portancia. 

«La Constitución de la República contiene 
disposiciones que la experiencia de los años 
transcurridos, desde que fué puesta en vigor, ha 
mostrado ser muy inconvenientes. Contiene tam- 
bién otras que esa misma experiencia ha hecho 
ver que son impracticables. 

«Para evitar lo primero y suplir lo segundo, 
se ha hecho lo que la Constitución prohíbe, y 
no se ha practicado lo que ella manda; es de- 
cir, se ha creído encontrar en su violación un 
bien y un deber y en su observación un mal y 
una culpa. 

«Excuso demostrar el desorden moral, el ex- 
travío de ideas que esto ha de producir y sus fu- 
nestas consecuencias. 



— 27 


«Me limito, por tanto, á proponer á vuestra 
honesta é ilustrada consideración, la siguiente 
cuestión: 

«¿Qué es mejor? 

«Violar la Constitución, para evitar el mal 
que de observarla viene, ó corregirla para supri- 
mir ese mal y esa violación? » 

Es de un candor infantil este dilema ex post 
fado. Después de afirmar el señor Berro que «la 
violación es un deber y la observancia es una 
culpa », nos parece que á «la honesta é ilustrada 
consideración» (sic!) de la Asamblea, no le que- 
daba más recurso que lavarse de la culpa y 
cumplir con el deber que se le imponía de violar 
la Constitución. Tablean! ... 

Y no se crea que don Bernardo P. Berro era 
un picaro hereje que decía todas estas preciosi- 
dades por horror al artículo 5.° de la Constitu- 
ción, que tanto preocupa al enjambre de los 
beatos militantes y tuerce el intelecto de algunos 
que serían algo más juiciosos si fuesen menos 
fanáticos. Nada de eso. El Presidente del Senado 
en el discurso de práctica que pronunció después 
de haber prestado juramento el señor Berro 
como primer mandatario, le hizo una exhorta- 
ción á sus deberes religiosos que tuvo inmediata 



28 — 


respuesta según era regular, manifestando el 
nuevo Presidente al verse estimulado en sus sen- 
timientos devotos, cosas tan saludables para el 
gremio católico y tan satisfactorias para la liber- 
tad de conciencia, como las siguientes: «La ob- 
servancia de la religión, la protección á la reli- 
gión del Estado, como ha dicho muy bien el 
señor Presidente de la Asamblea, será uno de 
mis primeros deberes.» 

Las declaraciones del señor Berro por su 
misma ruda franqueza sobre lo «impracticable» 
de la Constitución, viniendo de persona tan seria 
y á la sazón tan altamente colocada, tenían por 
fuerza que impresionar al país y encarrilarlo en 
la senda de una reforma inmediata impuesta por 
la opinión presidencial que era á la vez la opinión 
unánime de los ciudadanos que escucharon sus 
graves declaraciones sin protesta en forma alguna, 
ni en el acto de oirlas pacientemente ni des- 
pués de meditarlas en el recogimiento y el silen- 
cio. 

Con efecto: en la reformación se pensó y á 
ella se iba con entusiasmo bajo la base de los 
elementos adictos á la política oficial, pero tam- 
bién con concurso popular, cuando sucedió lo de 
siempre: la herencia nunca liquidada de Caín 



— 29 — 


halló oportunidad para renovar su reparto; dos 
años de lucha fratricida con intervención extran- 
jera y tres de dictadura colorada fueron el 
acervo líquido de la partición desde 1863 á 
1868 y alejaron como es consiguiente durante 
un lustro perdido para las instituciones, todo 
pensamiento en reformas constitucionales que no 
podían proyectarse ni se proyectaron bajólos 
calamitosos auspicios de la guerra civil primero 
y del gobierno personal del general Flores des- 
pués. 

Don Lorenzo Batlle que entró á desempeñar 
la presidencia de la República en 1868, era un 
convencido de la necesidad de la reforma consti- 
tucional desde 1853; pero su honradez recono- 
cida hasta por sus mismos enemigos, no pudo 
detener una oposición como jamás la tuvo go- 
bierno alguno; de modo que las procacidades del 
proceso que día á día le formaban sus propios 
correligionarios de círculo adverso dentro del 
partido colorado, agregadas á conspiraciones y 
aún á movimientos armados del mismo origen, 
estimularon el levantamiento en masa del par- 
tido blanco, durando dos años la guerra con el 
corolario obligado del peligro de la intervención 
brasilera: <: miras preconcebidas de intervenir 



más adelante en nuestras contiendas» decía el 
ex presidente en un conocido documento (1). 

Con recordar esto queda dicho que el período 
presidencial del señor Batlle se perdió absoluta- 
mente para todo proyecto de reforma; y por la 
fuerza de nuestros malos hábitos y nuestro mal 
Código Político, no obstante la honorabilidad de 
aquel distinguido ciudadano, fue su gobierno de 
los más combatidos y agitados. 

El año de ejercicio del Poder Ejecutivo que le 
tocara á don Tomás Gomensoro, no era para 
pensar en Asambleas Constituyentes; y su suce- 
sor don José Ellauri que procuró en lo posible 
hacer administración estrictamente constitucio- 
nal, luchó desde un principio con dificultades 
que llegaron hasta la amenaza de la acusación 
presidencial, lo que era un colmo de manía opo- 
sitora. 

Las obscuridades é inconveniencias de la Cons- 
titución no podían arrastrar á un jurisconsulto 
como el doctor Ellauri á las aberraciones del 
mensaje de don Bernardo P. Berro, el cual como 
se ha visto, después de declarar un deber la vio- 

(1) Exposición que dirige el general Lorenzo Batlle á 
sus conciudadanos y habitantes de la República, 1872, 
página 8. 



— 31 


lación del Código Fundamental, «se excusaba 
de demostrar el desorden moral, el extravío de 
ideas que ello habría de producir y sus funestas 
consecuencias!» ... Hacía bien en excusarse... 

Fue á todas luces el del doctor Ellauri un go- 
bierno constitucional que no se manchó con los 
atentados que llevó á cabo el señor Berro, luego 
que este señor Berro si bien hizo administración 
intachable como honrada aunque sin iniciativas 
progresistas, fue en cambio detestable gobernante 
en su actuación política, con excesos como el des- 
tierro de los senadores, sin forma de juicio y por 
su cuenta, y otras manifestaciones constituciona- 
les por el estilo, lógicas en quien profesaba las 
ideas más estrafalarias y disparatadas en cuanto 
á la vigencia, fuerza y cumplimiento de las leyes 
orgánicas de una nación. 

Las Cámaras de 1873 que dieron muchas ba- 
tallas por fruslerías, no tuvieron alientos para 
hacer un llamado á la soberanía popular iniciando 
la creación de una Constituyente que resolviese 
el problema de la revisión. 

Se limitaron modestamente á sancionar con 
fecha 10 de Julio de 1873 la ley llamada de 
«Revisión déla Constitución» que figura como 
un recuerdo efímero en las colecciones legislad- 



— 32 — 

vas, (1) ley que fué enteramente platónica á la 
par de todas las de su índole, pues aceptado el 
procedimiento que para ser modificada estatuye 
la misma Constitución, jamás saldremos de la 
tarea de Sísifo, borrando una asamblea con el 
codo lo que la anterior trazó con la manoj como 
quiera que á falta de otras habilidades, los consti- 
tuyentes resultaron eximios y previsores para la 
obstrucción á la reforma. 

No queda de esa ley más que la historia de su 
sanción y el interés que en el momento de dis- 
cutirse supo imprimir al debate la palabra de don 
Pedro Bustamante. Sus discursos giraron al re- 
dedor de este párrafo de uno de ellos: «El gene- 
ral apoyo que ha encontrado la moción de refor- 
ma de la Constitución en ambas Cámaras, me 
releva del trabajo de tener que repetir en sesión 
de Asamblea General, lo que tuve ocasión de 
decir cuando la presenté en la Cámara de Repre- 
sentantes, porque ese apoyo ha venido á confir- 
mar en mi concepto la opinión en que estaba de 
que, respecto á la necesidad, no diré precisamen- 
te de reformar, pero sí de proceder á la revisión 
de la Constitución, no hay dos opiniones .» 


Colección de Alonso Criado, tomo 4.°, página 43. 



— 33 


Que resultó popular el parecer de la Asamblea 
en esa oportunidad lo dice el doctor Vázquez 
Sagastume que fué contrario á la opinión domi- 
nante. He aquí sus palabras: «La moción que se 
discute envuelve en sí, por más que se quiera des- 
figurar el hecho positivo y claro, que la Constitu- 
ción necesita, más, exige revisión para ser modifi- 
cada, y esta moción responde perfectamente á la 
idea del señor diputado y no sólo del señor dipu- 
tado sino á la mayor parte del país; y á tal ex- 
tremo considero general esta opinión, que se me 
figura será mi voz la única que se levante en 
contra.» 

Quedó como corolario de estos debates una 
vez más en transparencia que los habitantes to- 
dos de la República desean que se revise la Cons- 
titución; y no quedó más porque más no puede 
quedar siempre que á los constituyentes se les 
baga el gusto de creer que no estamos en el se- 
creto de que cuando establecieron trámites para, 
la reforma, lo que en realidad decretaron no fué 
un procedimiento para llegar á ella, sino simple- 
mente una traba enojosa pero eficaz para que la 
reforma nunca se realizase. 

Las discusiones bizantinas de las Cámaras de 
Ellauri sobre interpretaciones de nuestro Código 


3 



— 3 4 — 


Político por un quítame allá esas pajas, en cues- 
tiones doctrinarias que ese Código no resuelve, 
determinaron á la postre una anarquía de ideas 
y un desorden insoportables. 

El divide et impera postró entonces á los pies 
de una oligarquía pasajera primero y de una férrea 
tiranía después á la República abatida y casi resig- 
nada ante su culpa, ya que por medio de sus pri- 
meros hombres había disputado si eran galgos ó 
podencos los fariseos que en los bajos fondos so- 
ciales preparaban el avenimiento del militaris- 
mo que devoraría las libertades públicas, encar- 
nado en la siniestra figura de La torre. 

Pasó esa larga noche de nuestros infortunios, 
no sin que el déspota suspicaz dejase de auscul- 
tar durante su dictadura la opinión pública en el 
sentido de la rápida reforma constitucional por 
medio de una convención; pero jamás llegó á 
darle molde á la idea, sabiendo que era inacepta- 
ble bajo su criminal patrocinio. 

Tomando por pretexto la Cámara de Repre- 
sentantes que actuaba en 1 880 que la undécima 
legislatura había declarado la reformación de in- 
terés nacional por unanimidad, formuló un pro- 
yecto tímido y deficiente, de tramitación compli- 
cada, y que no hería de frente los errores que 



se proponía corregir; mas si bien ese proyecto es 
insignificante, en cambio juzgamos notable el in- 
forme que lo precede, con la particularidad de 
estar suscripto por conspicuos ciudadanos de 
los dos partidos tradicionales y por nuestro actual 
prelado (que Dios guarde) y que entonces no era 
Mariano Arzobispo sino simplemente dotor So- 
ler usando el apellido para eterna memoria de 
sus hazañas en Rocha, y las de Montevideo en 
una Universidad libre que inventó para la fabri- 
cación con ciencia infusa de bachilleres d la mi- 
nute. 

El informe es lo mejor de nuestros anales 
parlamentarios en materia de reforma constitu- 
cional, por lo que nos parece que Mariano f poco 
habrá colaborado en él, máxime cuando firma 
con un «conforme en parte» bastante teológico, 
pues no se alcanza cuál puede ser la parte en 
que esté discorde, y cuál sea la de su aprobación 
y agrado. Es de todos modos documento con ob- 
servaciones atinadas y sagaces, lo cual se explica 
porque lo abonan entre otras, dos firmas tan se- 
rias como las de don Martín Aguirre y don José 
Ladislao Terra. 

Ese trabajo que bien pudo servir de punto de 
partida para entrar de lleno al estudio de lasmo- 



— 36 — 


dificaciones constitucionales, se perdió en un am- 
biente poco propicio para esa clase de tareas, 
porque no lo fué ni la precaria administración 
presidida por el doctor Vidal que vivió siempre 
de prestado, ni mucho menos la de don Máximo 
Santos tan justamente combatida y amenazante 
de veleidades de reelección presidencial en el 
sentir de las gentes de su séquito, bien que ja- 
más se atreviese á manifestar públicamente sus 
aspiraciones á ese respecto si es que alguna vez 
las abrigó y desistió de ellas por no conceptuar- 
las viables dentro de la oposición y las conmo- 
ciones que producía su manera irregular de ad- 
ministrar el país. 

Sea por lo que fuere, es el caso que esta ten- 
tativa del año 1880 también naufragó como las 
anteriores, hasta que un nuevo Sísifo, el doctor 
Herrero y Espinosa, llevó otra vez la piedra hasta 
la cumbre de la montaña, haciendo la moción 
del caso para que se declarase «de interés nacio- 
nal la revisión de la Constitución de la Repú- 
blica», en sesión de la Cámara de Representantes 
de 5 de Junio de 1888. 

Pasó el asunto al Senado y después á la 
Asamblea General, y este alto cuerpo en sesión 
del 12 de Junio también consagró la necesidad 



— 37 — 


de la revisión; de modo que estaba otra vez dado 
el primer paso para llegar al fin deseado dentro 
de los trámites que prefija la Constitución, lo que 
no quita que hoy á los diez y siete años el dipu- 
tado que tomó la iniciativa revisora deba opinar 
de manera muy distinta á entonces, porque se 
habrá convencido de que por aquellos trámites 
la reforma es imposible y sólo cabe efectuarla 
por el llamado directo á la soberanía del pueblo, 
que él no aceptó al defender con juvenil entu- 
siasmo las excelencias del medio constitucional 
que preconizaba. 

«Tengo la convicción, dijo, de que llegaremos 
á la reforma de la Constitución siguiendo los 
trámites estricta y taxativamente señalados en 
ella, misma». 

Ha visto correr desde aquel tiempo un buen 
número de años, como queda dicho, para pene- 
trarse de lo contrario. 

Lo más interesante de la sesión, porque fue 
lo más verdadero, se halla en estas palabras de 
don Francisco Bauzá: «la opinión está formada 
respecto á los puntos capitales que exigen una 
reforma constitucional» ¡Y vaya si está for- 

mada! 

El país entero ha querido constantemente y 



— 38 — 


quiere la reforma; pero sus omnisapientes perpe- 
tuos y generosos tutores lo declaran siempre me- 
nor de edad y lo ponen en contradicción con sus 
anhelos, pues si desea el país la reforma no hay 
otro medio de obtenerla que por una convención 
nacional apelando á la fuente de la soberanía po- 
pular, desde que con los procedimientos, más 
bien dicho, con las obstrucciones impuestas por 
los legisladores del primer tercio del pasado si- 
glo, no cabe esperanza alguna de salir del trance. 

Constituyen esos procedimientos una vía- 
crucis sin término. 

La piedra que desde la altura á que la elevó 
la moción de 1 888, cayó en los abismos de la 
labor perdida, quisieron levantarla otros Sísifos 
más resueltos, personificados en don Antonio M. 
Rodríguez y don Juan Campisteguy, los cuales 
en 2 de Mayo de 1891, con un proyecto que 
acortaba la tramitación, consideraron que esqui- 
vaban el enredo de los artículos constitucionales 
que haciendo necesarias tres legislaturas deter- 
minan desde luego la imposibilidad de la refor- 
ma como ha sucedido hasta la fecha. 

Ese proyecto era poco radical y no muy prác- 
tico. 

Le faltó aceptación y sus autores no insis- 
tieron en él. 



39 — 


El siguiente año fue más fecundo en tentati- 
vas de reforma. Los mismos doctores Rodríguez 
y Campisteguy, en compañía de los doctores Ga- 
llinal y Luis M. Gil, presentaron el 2 de Abril 
un nuevo proyecto que tampoco tuvo acogida, 
recibiéndola al fin de la Cámara de Represen- 
tantes un tercer proyecto que el diligente é infa- 
tigable diputado doctor Antonio M. Rodríguez 
presentó el 5 de Mayo de 1892. 

Nos tocó el honor al siguiente día de presen- 
tado, de redactar el informe de la Comisión de 
Legislación favorable á dicho proyecto que sus- 
cribimos el 6 de Mayo conjuntamente con nues- 
tros apreciados colegas doctor Francisco del 
Campo y señores Eduardo Lenzi y Carlos E. 
Barros. 

Permitiéndose la Comisión de que formába- 
mos parte algunas ligeras enmiendas, aconsejá- 
bamos en dicho informe la sanción del proyecto 
del doctor Rodríguez, el mejor sin duda y el más 
avanzado de todos los proyectos que hasta la fe- 
cha se habían concebido en materia reformadora. 

Su base era modificar los artículos 153, 154, 
155, 156, 157 y 158 de la Constitución en vir- 
tud de los poderes que los senadores y diputa- 
dos de la legislatura XVII teníamos de acuerdo 



— 40 


coa el artículo 157 para proponer reformas; y 
éstas se harían en una Asamblea Constituyente 
elegida directamente por el pueblo y que funcio- 
naría con entera independencia de la Asamblea 
Legislativa ordinaria. 

Buscar el apoyo de un artículo de la Consti- 
tución, para convocar una Convención Nacional 
á pretexto de que los electores nos habían auto- 
rizado á proponer reformas, variaciones ó adicio- 
nes dentro de los trámites de antemano prefija- 
dos por la misma Constitución, tenía el inconve- 
niente de que con un pie en ella y otro fuera de 
ella, ni se la respetaba en sus trabas, ni se le hacía 
sentir por otra parte que el pueblo soberano para 
decidir de sus destinos no necesita en momento 
alguno prestar acatamiento álas tramitaciones y 
obstáculos impuestos despóticamente por el Có- 
digo Político que quiera reformarse. 

No era esto sin embargo lo más grave. Lo per- 
judicial estaba en que como la reformación se 
proponía á la siguiente legislatura, bastaba que 
ésta la rechazase para queno obstante los anhelos 
populares, no se llevara á cabo. 

A pesar de todos estos inconvenientes, nos- 
otros en la discusión del proyecto en la Cámara, 
lo sostuvimos calurosamente, salvando eso sí, 



— 41 


nuestras opiniones radicales sobre la soberanía 
popular, fuente originaria de todas las leyes; pero 
aceptando el proyecto del punto de vista de que 
indicándose en él la modificación precisamente 
de los artículos constitucionales que imposibili- 
tan la reforma, acaso ésta en dos legislaturas se 
consiguiese si la subsiguiente á quien se propo- 
nía viniera en aceptarla. 

Pero ¿á qué continuar considerando el pro- 
yecto del doctor Rodríguez, si cayó como todos 
en el vacío, sin dejar otro rastro que el de su su- 
perioridad sobre análogos proyectos ? 

Transcurren algunos años y el doctor Vásquez 
Acevedo en el Senado galvaniza la esperanza 
perdida presentando en 1903 la penúltima ten- 
tativa de reforma constitucional de que se hayan 
ocupado los legisladores; pues la postrera fué la 
de los doctores Rodríguez y Aréchaga. 

Ambos proyectos, que fueron analizados por 
la Comisión nombrada en el Ateneo el año 1903, 
dieron por resultado un documento que redactó 
el doctor Gonzalo Ramírez y que nosotros fir- 
mamos también por idéntica consideración á la 
que tuvimos presente al patrocinar el proyecto 
de 1892, esto es, que no queríamos resistirnos á 
dar un paso adelante, porque otros no quisiesen 



— 42 — 


dar dos. En el seno de la Comisión, sin embar- 
go, salvamos nuestras opiniones radicales, como 
las salvó también el doctor Aréchaga, igualmente 
partidario del sometimiento del punto á la sobe- 
ranía popular sin limitación alguna. 

Como este documento (1) estaba suscripto por 
algunos ciudadanos que formaban parte del Cuer- 
po Legislativo, quizá el proyecto de los doctores 
Antonio M. Rodríguez y Justino J. de Aréchaga 
que la Comisión del Ateneo patrocinaba, hubie- 
ra llegado á discutirse en las Cámaras, pero desde 
luego tenía el inconveniente de que si bien esta- 
blecía un plebiscito ó consulta posterior al pue- 
blo, era una legislatura ordinaria la que proponía 
previamente las modificaciones tomando en con- 
sideración las que determinó el proyecto de 16 
de Julio de 1893 sobre reforma de los artículos 
152 á 158 déla Constitución. 

La guerra civil amenazante desde los tiempos 
vergonzosos de Cuestas, estalló á los seis meses 
de disolverse la Comisión del Ateneo. 

Alguno de sus miembros lo fué del comité re- 
volucionario, otros estuvieron con el Gobierno, 

(1) Se publicó en los periódicos de la époea. El ejem- 
plar que tenemos á la vista, es del diario «La Prensa» 
del 10 de Junio de 1903. 



— 48 — 


los hubo que se mostraron neutrales en la con- 
tienda, y el que estas líneas escribe, ajeno com- 
pletamente á los escándalos sangrientos de los 
partidos tradicionales, entendió sus deberes cí- 
vicos sin vacilación alguna, poniéndose como 
ciudadano y como soldado á las órdenes del Pre- 
sidente de la República, rindiendo así homenaje 
á las ideas de toda su vida, contrarias á los pre- 
dominios del caudillaje bárbaro, y siguiendo en 
su modesta esfera el ejemplo (si puede lo grande 
compararse con lo pequeño) (l) de Juan Carlos 
Gómez cuando el 18 de Julio de 1858 se puso 
á las órdenes del señor Giró contra el motín 
triunfante de sus propios correligionarios. 

Del último esfuerzo en pro de la reforma cons- 
titucional no queda más que el recuerdo, y fuer- 
za es emprender la obra de nuevo; no olvidando 
sin embargo alguna de las declaraciones formu- 
ladas en el documento de 1903, tan interesantes 
como estas que se hallan en el ambiente político 
de mucho tiempo atrás: 

« Sería muy avanzado suponer que los cons- 
tituyentes dispusieron siquiera del tiempo nece- 


(1) «Si licet exemplis in parvo grandibus uti*. Ovidio 
Tristia— Libro I, Elegía III. 



— 44 — 


sario para abordar la obra de la consolidación 
de nuestra soberanía, estudiando los datos del 
problema institucional que les íué sometido en 
la medida necesaria, para que nuestra ley funda- 
mental se adaptase á la naturaleza moral y fisio- 
lógica del pueblo que estaba destinada á regir 
pero aún cuando diésemos por cierta hipótesis 
tan fuera de toda realidad, en sesenta años de 
vida cívica ha cambiado todo lo que no parti- 
cipa de la relativa inmovilidad del suelo que 
habitamos, y en ese cambio incesante de hom- 
bres y de cosas no podemos conservar intacta 
una Constitución que, á mucho conceder, sólo 
habría mantenido su adaptabilidad á la situación 
geográfica del país á que hemos vinculado todo 
cuanto tiene honda raíz en nuestra existencia de 
hombres y de ciudadanos». 


«La vigencia inmutable de nuestra ley funda- 
mental, puede presentarse como caso único en el 
transcurso del siglo». 

«Precisamente es todavía más primordial el 
interés nacional invocado para proceder á la re- 
forma constitucional, porque acaso en ninguna 
otra época ha convenido abordarla y aun pre- 
cipitarla, como en los momentos actuales ». 



— 45 


«Amplía además este último proyecto (el de 
Rodríguez y Aréchaga) al anterior, con la con- 
sulta al pueblo ó el sometimiento de la reforma 
á la sanción de su voluntad soberana». 

«Ese proyecto ha tenido la virtud de obtener 
desde luego el asentimiento de los miembros de 
esta Comisión que piensan que los trámites que 
establece la ley fundamental para su reforma 
sólo obligan d los Poderes públicos ». 

«En su concepto ese plebiscito, esté ó no pre- 
cedido del ritual que marca la Constitución, y 
siempre que la revisión se produzca con la ur- 
gencia que reclama el interés nacional, restituye 
al pueblo su soberanía originaria , que no tiene 
irrevocablemente delegada, y mucho menos pa- 
ra impedir que la reforma de la ley institucional 
se consume en tiempo oportuno». 

Fuera de las tentativas con origen en el Cuer- 
po Legislativo, puede recordarse como reciente 
manifestación de voluntad sobre reforma cons- 
titucional, la cláusula 1. a de las llamadas «Bases 
de la Paz» que presentó en 1904 el ejército de 
la última revolución después de anarquizado por 
la muerte de su caudillo. 

He aquí esa cláusula: 

« 1. a Reforma de la Constitución del Estado, 



— 46 


debiendo elegirse las Cámaras que vienen con 
esa facultad expresa, á fin de alcanzar, además 
de otras reformas de orden fundamental, la inde- 
pendencia efectiva del Poder Legislativo, el des- 
linde claro y preciso de las funciones del Ejecu- 
tivo, la reforma judicial y la elección de Presi- 
dente de la República por órgano de un congreso 
elector exclusivamente elegido por el pueblo á 
ese objeto». 

Poco vale todo esto, como no sea á título de 
una nueva manifestación del anhelo de la refor- 
ma inmediata, porque poner esta gran idea en 
manos de una Asamblea ordinaria es simple- 
mente prepararle un aborto ruidoso entre el coro 
intemperante de los elegidos para una campaña 
presidencial y no para formar un congreso cons- 
tituyente. 

Con razón que les sobraba dijeron los doc- 
tores Martín Aguirre y Ladislao Terra y otros 
distinguidos ciudadanos en el informe de 1880 
que en otra parte hemos elogiado, que «en el electo 
se busca ante todo el elector fiel y seguro, des- 
pués si es posible, el conspicuo legislador, y re- 
cién en el último término el constituyente ilus- 
trado». 

Déjese, pues, á los miembros de las Asam- 



- 47 — 


bleas ordinarias quietos y prontos para sus fun- 
ciones de «electores fieles y seguros» que son 
las eseuciales en la especialidad de su mandato. 

Cuando se quiera una verdadera reforma, re- 
cúrrase á la soberanía popular, y elíjase un con- 
greso constituyente que merezca el nombre de 
tal. 

La ligera revista que hemos hecho de la cons- 
tante aspiracióu del pueblo uruguayo á la refor- ' 
ma de su carta fundamental, prueba que la solu- 
ción del problema no admite mayor espera, 
cuando de tiempo atrás los gobiernos, los hom- 
bres de pensamiento y de acción, el país entero, 
en fin, creen ver en un nuevo Código Político el 
remedio á los males que durante setenta y cinco 
años de vida tormentosa han infernado la exis- 
tencia nacional, demostrando las últimas resu- 
rrecciones del caudillaje de bota de potro, el 
pequeño progreso institucional de un pueblo que 
se divide en partidos que aspiran al triunfo de 
sus ideales por medio de la fuerza desenfrenada, 
y que comprometen en esa torpe tarea á sus 
hombres de ilustración, cuando no enrolan tam- 
bién en forma más ó menos disimulada ó ver- 
gonzante, auná los mismos ciudadanos que otrora 
combatieron con meritorio desinterés y rara 



energía á los caudillos de su propio partido, y 
que hoy por inconcebible aberración transigen 
con los del bando adverso y rinden honras pos- 
tumas al mismo factor anacrónico que estos úl- 
timos tiempos hizo imposible el gobierno institu- 
cional, fuese quien mandase su amigo ó su ene- 
migo, pues tan incómodo fué Saravia para Cuestas 
aun con los arrumacos indignos y bajos que éste 
le hacía, como lo era para el actual Presidente, 
como lo habría sido para cualquier otro ciuda- 
dano sin excluir á ninguno de los de su propio 
partido que lo adulaban y que por un acaso hu- 
biese calzado la Presidencia. 

Y todo esto es porque siendo por los caminos 
regulares imposible el predominio del partido del 
llano, recurren sus directores á los medios más 
violentos cuando los agita la esperanza de alcanzar 
el gobierno; llegado ese momento, pierden por 
completo los estribos, y así se ve que individuos 
nacidos fuera de la República, italianos, españo- 
les, argentinos, que en el país de su nacimiento, 
mansos y pacíficos varones y excelentes padres 
de familia, renegarían del carbonarismo, de los 
pronunciamientos y de los bochinches provincia- 
les, aquí, en la dirección de amasijos revolucio- 
narios, le dan cola y luz á los propios hijos de la 



— 49 — 


tierra en procedimientos brutales y en proclamas 
incendiarias. 

La atmósfera política los asfixia en las indig- 
naciones contra los Presidentes de la República, 
sin excepción del mismo bando; y el desencanto 
de la eterna minoría legislativa, con el precario 
apéndice del quinto Ministerio, por lo general en 
manos de un tránsfuga ó de un inofensivo y siem- 
pre de un insignificante, ponen á prueba de es- 
tallidos sediciosos los ímpetus de una cólera más 
tremenda y explicable cuanto más tiempo com- 
primida. 

Creemos que no es una paradoja establecer 
que una Constitución bien meditada, original, 
adaptable á nuestra idiosincracia, y con la menos 
copia posible de instituciones de otros países, que 
con el nuestro tienen pocos puntos de contacto, 
sería la tabla salvadora en el naufragio de nues- 
tra estabilidad institucional, siempre discutida y 
amenazada. 

Lo esencial será eso: hacer la ley que nos con- 
venga con arreglo á las malas inclinaciones con 
que hemos nacido, para por su medio combatir- 
las y destruir los vicios que la pésima educación 
política y las guerras civiles han engendrado, y, 
/.por qué no decirlo?, legislar también con arre- 



50 — 


glo á las nobles condiciones del pueblo urugua- 
yo, laborioso, bravo, inteligente, abnegado, pue- 
blo en que abundan antes los sentimientos nobles 
que los egoístas, y que, si hasta ahora no ha da- 
do, en la paz, la prueba de lo que vale, es porque 
no ha tenido esfera de acción propia, villana- 
mente engañado por explotadores políticos, arras- 
trado á la matanza por los caudillos, y martiri- 
zado siempre sin haber hallado en las leyes un 
amparo para sus días de desgracia y descon- 
suelo. 

Hagamos, pues, el nuevo estatuto adecuado á 
ruestra idiosincracia, y es seguro que resolvere- 
mos por su medio el problema de las tribulacio- 
nes nacionales, concluyendo con los partidos de 
guerra que no tendrán entonces razón de ser, pa- 
ra transformarlos, con viejos ó nuevos lemas, en 
partidos de principios y de gobierno. 

Sea nuestro nuevo Estatuto esencialmente 
práctico y especial para nuestras necesidades so- 
ciales: código de aplicación segura y no libro de 
biblioteca para disquisiciones filosóficas, retros- 
pectos históricos y lamentaciones de Geremías. 
«Ningún sistema es bueno — ha dicho Miguel 
Cañé — cuando no encarna la tradición de un 
pueblo, sus costumbres y sus ideas. Por eso el go- 



— 51 — 


bierno parlamentario es una maravilla en In- 
glaterra y un absurdo en España» (1). 

Pero para dotar á la República del Código Po- 
lítico que requiere, hay que prescindir en abso- 
luto de la actual Constitución, si no se desea con- 
tinuar perdiendo el tiempo lastimosamente, y 
perder la patria, lo que es peor. Hay que entrar 
sin vacilaciones en el terreno del acatamiento al 
pueblo soberano. Y como él ha decidido cien ve- 
ces que la reforma se haga, debe hacerse la re- 
forma por respeto, por decoro, por deber, por con- 
veniencia, y porque ya es imposible dilatarla un 
día más. 

Pretender que la actual Constitución sólo pue- 
de ser modificada por los trámites que ella mis- 
ma señala, es opinión que hemos considerado 
siempre humillante, absurda y sobre todo aten- 
tatoria contra lop derechos del pueblo uruguayo. 

«La eternidad de las leyes, la inmovilidad 
de las constituciones — dice el más sesudo de 
los constitucionalistas franceses — es algo así co- 
mo la cuadratura del círculo, es decir, la quime- 
ra favorita de los ignorantes y de los desequili- 
brados» (2). 

(1) *La Biblioteca» (Revista), tomo 2.°, página 535. 

(2) Laboulaye — «Questions Constitutionnelles», páge 
149 . 



— 52 — 


Son algunas ya las generaciones que han de- 
mostrado inequívocamente su anhelo por la re- 
forma constitucional, y como no es ésta posible 
por medio de los trámites que la imposibilitan, 
hay que buscar nuevo camino, y ese no es otro 
que el de la apelación al pueblo, no para que 
proceda tumultuariamente, ni deliberando, desde 
luego, sobre los detalles de la reforma transpor- 
tado á los tiempos del Agora de Atenas ó del 
Foro de Roma, sino eligiendo convencionales pa- 
ra una Asamblea Constituyente, como si eligiese 
senadores y diputados para el Cuerpo Legislativo. 

La Constitución en nada ata las manos al 
pueblo para esta decisión. El pueblo no delega 
jamás su soberanía irrevocablemente; de modo 
que cuando autoriza la redacción de un Código 
Político, lo que da es un mandato para que se 
sancionen las reglas á que han de ajustarse los 
Poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. 
Así, pues, siendo la soberanía inalienable, no pue- 
de negarse la fuerza de este aforismo tantas ve- 
ces repetido: si la Constitución no cuenta con la 
voluntad del pueblo, no debe subsistir; si depende 
de su voluntad, puede cambiarla cuando quiera. 

La nación no se obliga para con sí misma; pa- 
ra ella la Constitución es un contrato unilateral 



— 53 — 


y no sinalagmático; no cabe la enajenación de su 
voluntad y sería absurdo verla cohibida por los 
reglamentos que dictó á sus mandatarios. 

Para imposibilitar la reforma con la obstruc- 
ción de los artículos 152 á 159, no estuvieron 
los constituyentes autorizados ni expresa ni me- 
nos tácitamente; la soberanía del pueblo sería 
de todos modos incompatible con la reforma pau- 
latina que aquellos artículos determinan, porque 
es una soberanía que no deja un solo momento 
de subsistir á efecto de tomar las resoluciones 
que juzgue convenientes. Una generación no pue- 
de sujetar á sus prejuicios ni á sus pasiones, te- 
mores ó torpezas, á las generaciones que vendrán 
después, permitiéndose legislar irrevocablemen- 
te para una época en que habrán caducado los 
poderes que otorgó. Los constituyentes de 1830 
no eran el país: eran tan sólo sus humildes re- 
presentantes ad hoc sin el más mínimo derecho 
de creerse depositarios de la suma omnisciencia; 
estuvieron en lo cierto cuando en el artículo 4.° 
del Código que redactaron, establecieron que la 
soberanía, en toda su plenitud , existe radical- 
mente en la nación; pero no lo estuvieron cuando 
usurparon derechos soberanos al determinar tra- 
bas para la reforma, porque del mismo modo que 



— 54 


sancionaron los artículos obstruccionistas de to- 
da revisión rápida, como que en el mejor de los 
casos se necesitarían tres asambleas ordinarias y 
nueve años para llevarla á cabo, habrían podido 
también resolver que la Constitución no se toca- 
se en cien años ó que jamás se enmendara por 
ser obra intangible, maravillosa y perfecta; ab- 
surdo inconciliable con la soberanía popular que 
es ilimitada, mientras que el mandato que otorga 
es limitado. La Constitución es un estatuto, una 
regla, una pauta que obliga á los Poderes públi- 
cos, pero no al pueblo para atarse de pies y ma- 
nos frente al problema de la reforma; y los Po- 
deres públicos no ejercen la soberanía por dere- 
cho propio: la tienen delegada de la nación, que 
es donde únicamente reside. La entidad nación 
es de derecho natural: las constituciones de dere- 
cho positivo: la nación es eterna; las constitucio- 
nes mudables y pasajeras, y gracias que no sean, 
como la nuestra, perjudiciales y absurdas. 

Los constituyentes no tuvieron mandato para 
obligar al país á conservar indefinidamente una 
constitución que lo fastidiase; no pudo nadie dar- 
les semejante facultad; los ciudadanos que los 
eligieron no podían otorgársela ni se la otorga- 
ron, porque un país no goza del derecho de ena- 



55 — 


jenar su voluntad; á los constituyentes se les con- 
firió un mandato para organizar los Poderes pú- 
blicos, pero sin la declaración, imposible por sui- 
cida, de que además de organizarlos como bien 
les pareciese, habrían de darles plazo de vigencia, 
hasta el día del juicio final. 

La soberanía tiene carácter de universalidad; 
reside en el pueblo, en todos los ciudadanos; no 
se fracciona y, por consiguiente, para restringirla, 
no puede nadie atribuirse el más mínimo dere- 
cho; no cabe que la desconozca ningún individuo 
ni grupo de individuos, ni corporación de ningu- 
na clase, ni asamblea alguna. La Constitución no 
está arriba del país, ni puede prevalecer un solo 
minuto contra su voluntad. 

Es absurdo, es atentatorio, declarar, como en 
la Constitución actual, que el pueblo será sordo 
y mudo, no tendrá voz ni voto, alma ni voluntad, 
dentro de determinado número de años para ha- 
cer oir su palabra soberana. Es ridículo preten- 
der que sintiendo ansiedad por la reforma debe, 
empero, sujetar sus deseos á los que fueron los 
deseos del pueblo de 1830; pero, ¿por qué la vo- 
luntad de 1830 sería superior y más respetable, 
y más inteligente, que la voluntad del pueblo de 
1853, ó de 1905? Todo induciría á suponer, 



56 — 


modestia á un lado, que saben más de derecho 
constitucional y de las necesidades de la Repú- 
blica su millón de habitantes de ahora que los 
70,000 de 1830. 

Los constituyentes no respetaron la soberanía 
nacional, maniatando la voluntad del pueblo con 
los eslabones de una cadena forjada para hacer 
difícil, ya que no imposible, la renovación de la 
carta política. Poner de antemano estorbos cal- 
culados para impedir la reforma, es establecer 
dogmáticamente que durante la vigencia de la 
ley que se declara insuperable y excelente, no se 
encontrará en ella ningún vicio esencial. Entre- 
tanto los vicios pueden notarse al año, al mes, al 
día siguiente de promulgada una ley; y eso, pre- 
cisamente, se produjo en nuestra Constitución: 
fué una injusticia negar el sufragio universal que 
hasta en las monarquías existe, fué un error que 
el buen sentido notó el día mismo de sancionar- 
se; y negar entrada en el Cuerpo Legislativo á 
los jefes de la Independencia, fué también otro 
error de graves consecuencias. 

¿Qué prestigio, pues, puede tener á los seten- 
ta y cinco años de ser constantemente violada, 
una Constitución cuyas injusticias é inconve- 
nientes se notaron inmediatamente de comenzar 
á regir? 



— 57 — 


Porque el derecho de revisar un Código Polí- 
tico es imprescriptible, lo más que se admite es 
que cuando los autores de una constitución po- 
nen trabas á su rápida reforma por medio de 
procedimientos complicados, con eso lo único que 
pretenden es que tales procedimientos se tomen 
por el pueblo como indicaciones ó consejos que 
aceptará ó no, pero jamás como una orden á que 
deba rendirse acatamiento; lo cual se explica co- 
mo quiera que una Asamblea no puede disponer 
de un porvenir que no le pertenece, ni puede 
predecir el año, día ú hora de una revisión que cir- 
cunstancias extraordinarias pueden hacer indis- 
pensable y urgente, porque entonces arrogándose 
abusivamente ese inmenso derecho, no habría le- 
gislado para los Poderes públicos sino para la na- 
ción con el propósito de aherrojarla, lo que es de 
todo punto arbitrario y absurdo. Por otra parte, 
como las manifestaciones políticas no son inmu- 
tables, y varían con los tiempos, los cambios so- 
ciológicos y el mayor progreso de un país, es im- 
posible jamás organizar definitivamente los Po- 
deres públicos, siendo esa organización la única 
incumbencia de las Asambleas Constituyentes 
que por lo mismo que nunca fabrican una obra 
definitiva y perfecta, carecen de facultades para 



— 58 — 

obstaculizar las mejoras que la experiencia acon- 
seje. 

Cuando los Constituyentes determinaron las 
atribuciones de los Poderes públicos, hicieron uso 
de un mandato indiscutible; pero lo ultrapasaron 
y bastardearon cuando se permitieron fijar fe- 
chas y circunstancias y procedimientos para la 
reforma, con el agregado inconveniente, torpe, 
abusivo, incalificable, de que habrían de ser nece- 
sariamente las asambleas ordinarias las que es- 
tudiasen aquella reforma dentro del lecho de 
Procusto en que las obligaban á extender sus as- 
piraciones de mejoramiento, si es que esas aspi- 
raciones, lo que no ha sucedido hasta ahora, pu- 
diesen tocar el corazón de tres legislaturas sucesi- 
vas. 

Pero los constituyentes no eran la nación para 
disponer así de la voluntad de ella, y menos que 
los constituyentes lo han sido después las legis- 
laturas ordinarias para aferrarse al respeto de 
los artículos de la Constitución atentatorios con- 
tra la soberanía popular. 

Una generación no puede sujetar á sus leyes 
á las generaciones futuras; y por eso la historia 
nos enseña que donde quiera que se han congre- 
gado las asambleas con la pretensión de someter 



— 59 — 


á sus decisiones la voluntad nacional, ésta se ha 
manifestado libérrima, día más día menos, y un 
instaute le ha bastado para dar en tierra con las 
cébalas y artificios en un estallido generoso de 
esos que los pueblos preparan virilmente y que 
jamás detiene ni avasalla ningún poder de la tie- 
rra, siempre que á los pueblos estimula y alienta 
el ejercicio de un derecho que largo tiempo se 
les ha usurpado y quieren reivindicar. 

Nuestro país, víctima eterna de los sofistas de 
gabinete, es la única excepción de un pueblo 
americano que no haya revisado su carta orgá- 
nica. 

El doctor Angel Floro Costa, en su opinión 
publicada en « El Siglo » del 3 de Enero del co- 
rriente año, recorre, con la erudición en él ca- 
racterística, las constituciones de la América en- 
tera, la del Norte, la Central y la del Sur, y llega 
á esta conclusión: «que no hay una sola repú- 
« blica americana que no pueda disponer de su 
« soberanía en cualquier momento de su histo- 
« ría, con sólo expresar su voluntad por una ley 
« y librar á una Convención la reforma 

Sea, pues, cual fuere la actitud de los consti- 
tuyentes para obstruir las modificaciones que 
exige nuestro deficiente Código Político, más 



— 60 — 


arriba que esa actitud abusiva, lo repetiremos 
por centésima vez, está la soberanía del pueblo 
uruguayo que cuando forma una mayoría, y ella 
está formada para la revisión, no la exhibe por 
una tendencia lírica, sino para que se haga carne 
y cobre vida; y esa mayoría es superior en vo- 
luntad y en derecho á la minoría de voluntades 
constituida por un cuerpo legislativo que se pro- 
ponga respetar la obstrucción reformatoria ; de 
modo que cuando las palpitaciones de la opinión 
en mayoría llegan al recinto legislativo, los sena- 
dores y diputados que son minoría respecto del 
país entero, tienen la obligación de atender el 
anhelo, el interés, el derecho del mayor número 
de ciudadanos que aleguen ese derecho, ese inte- 
rés y ese anhelo. Los destinos de un pueblo de- 
penden exclusivamente de su soberanía, y en este 
punto ni un hombre, ni un conjunto de hombres 
significan nada si no son la mayoría, porque una 
nación no puede suicidarse admitiendo que los 
fueros de los más, en materia de organización 
social, deban postrarse ante los caprichos de los 
menos. La nación puede siempre imponer su vo- 
luntad á los mandatarios que ha elegido, por lo 
que respecta á la manera fundamental de hacerse 
gobernar, por la sencilla razón de que con esos 



— G1 — 


mandatarios no ha pactado la inmutabilidad de 
la ley constitucional. 

En la profesión de estas teorías, de suyo ele- 
mentales, no nos vemos, como se comprende, de- 
tenidos por los escrúpulos monjiles y pudorosos 
de los sátiros impenitentes y de los apóstoles de 
sacristía, recomendables maestros de ceremonias 
todos ellos, que se persignan ante la doctrina ge- 
nuinamente liberal y respetuosa de la apelación 
al pueblo soberano, por conceptuarla remedio pe- 
caminoso después de desayunarse con la lectura 
de la encíclica « Qui pluribus », y que entretanto 
se tragan la hostia como rueda de molino de que 
antes que tocar una Constitución eternamente 
riolada, ó emparedarla como á Vestal que no 
alimentó el fuego sagrado, se debe más bien ha- 
cer de ella caso omiso ó infringirla á cada paso, 
sufriendo con sus errores y proclamándola la úl- 
tima palabra de la sabiduría, porque impide la 
reelección presidencial, sin querer comprender 
los muy imbéciles que impide eso que cualquier 
otra Constitución también puede impedir é im- 
pedirá, pero autoriza al mismo tiempo una per- 
petua tiranía que, á menos de caer la Presiden- 
cia en buenas manos, se eslabona cada cuatro 
años para producir, sin solución de continuidad, 



62 — 


presidentes electores que hacen lo que se les da 
la real gana, sin que la muy respetable Constitu- 
ción sea freno para detenerlos en sus apetitos, 
como que está admirablemente combinada para 
que con fauces de tiburón el Poder Ejecutivo se 
trague íntegros á los otros dos poderes, que ha- 
cen equilibrios de Blondíu, pro domo sua, como 
recurso supremo para salvar el decoro del asiento 
y del estómago en un banquete de manjares es- 
curridizos, luego que á lo mejor pueden verlos 
retirados del menú, como sucedió al Tribunal en 
tiempo de Santos, ó ] al Cuerpo Legislativo que 
cometiendo el error de creerse con independen- 
cia no quiso elegir Presidente á Cuestas, sin que 
en tales críticas circunstancias la indignación de 
las víctimas ilustres encontrara ningún corazón 
compasivo que les enjugase las lágrimas, porque 
cuando el país entero las llora, los casos indivi- 
duales se juzgan una contingencia lógica en el 
mal que á todos alcanza. 

Los constituyentes de 1830, como medio de 
contener á los caudillos cuyas gracias ya presen- 
tían, crearon una presidencia omnímoda, que en 
sus cándidos delirios se forjaban en manos de 
un gravísimo varón sin grado militar, que anula- 
ría el sable desde los estrados de la Casa de Go- 



— 63 — 


bierno ; y lo que hicieron en realidad no fué más 
que abrir la voraz ambición de los que acostum- 
brados á mandar soldados, quisieron sustituir 
cantidades para ellos equivalentes, proponién- 
dose mandar pueblos que se les antojaron reba- 
ños. 

Rivera y Oribe, primeros presidentes consti- 
tucionales, bregaron después por la presidencia 
hasta el último momento de su vida ; y obtenerla 
fué, de 1832 en adelante, el origen principal de 
las aventuras guerreras del general Lavalleja, que 
al fin de sus días, y purificado por el agua lus- 
tral de la*divisa colorada, habría recogido la he- 
rencia del triunvirato, si el ataque apoplético que 
lo fulminó no hubiese indicado á otro libertador, 
el general Flores, para hacer el sacrificio de en- 
cargarse del acervo gubernamental. 

Y como en nuestras eternas cuestiones de he- 
terodoxia [política no hemos tenido más Pope 
Gapón para dirigirse enérgicamente al zar, que 
el regenerador de lanza y sable, las advertencias 
han sido de poco resultado, por no darse cuenta 
los ciudadanos y lós partidos estimulantes del 
alzamiento dejlos popes criollos, que el mal está 
en la raíz, en una Constitución mal combinada, 
que no ha impedido jamás guerras, dictaduras. 



— 64 — 


motines de cuartel, tiranías, caudillajes, y lo. que 
es peor, presidencias en manos de asesinos, de la- 
drones y hasta de un loco que por medio del 
voto imperativo formó una Cámara para que lo 
eligiese sucesor de Borda unánimemente. 

En efecto: cuando Cuestas, en el desempeño 
•de su grotesca dictadura por haber echado á la 
ealle al Cuerpo Legislativo que cometió el delito 
de no querer votarlo Presidente de la República, 
buscó electores en una nueva Asamblea que él 
formaría para su uso particular, combinó lo que 
hubo de llamarse «Acuerdo Electoral» en un 
documento que lleva fecha de 10 de Abril de 
1898, y en cuyo artículo 5.° se establece el voto 
imperativo de esta manera: «Aceptar y procla- 
« mar la candidatura de don Juan L. Cuestas 
« para Presidente Constitucional de la Repú- 
« blica, conviniendo que en las elecciones de se- 
« nadores y diputados se designarán para estos 
« cargos ciudadanos que acepten tal procla- 
« mación y se comprometan á votar por aquel 
« candidato en el momento oportuno ». 

En este río revuelto el Partido Constitucio- 
nal, que ya no era partido, resurgió súbitamente 
pescando cinco diputaciones, lo que quiere decir 
que la falange en masa entró á la acción hasta 



— 65 


con su reserva que en forma de suplentes capi- 
taneaba Cubiló. 

Y esta manera de escalar la Presidencia es 
porque el Poder Ejecutivo no teniendo contralor 
alguno, es deseado en su desempeño por los 
audaces que como Cuestas y C. a nada detiene en 
sus pretensiones de dominio individual, estimu- 
lados por una Constitución imprevisora, formada 
sin sagacidad alguna y que á todo autoriza, sin 
excluir los medios para que no nos hayamos li- 
brado de ella hasta la fecha. 

Hay que ir á su reforma, pues, por un acto de 
soberanía popular, que ha podido y puede repe- 
tirse siempre que se quiera, á no ser que se pre- 
tenda que la soberanía uruguaya murió -al san- 
cionar la Constitución que nos rige, como mue- 
ren esos insectos que después de fecundar la 
hembra pasan á mejor vida en el paroxismo del 
ultimo esfuerzo. 

Recordemos que si los hombres de pensa- 
miento ven el mal. el pobre pueblo es el que lo 
sufre; y no se retarde, que el caso es urgente, una 
reforma constantemente reclamada y á que no se 
opone sino una veintena de metafísicos sibilinos 
que sin autoridad ninguna quieren ejercer un ya 
insoportable despotismo intelectual por razón de 


6 



— 66 — 


antecedentes que no son más que fracasos conti- 
nuados de un ensoberbeeimiento sin más expli- 
cación que la falta de verdadero patriotismo. 

Esa falta se empeñan en compensarla con el 
civismo y sabiduría que retrospectivamente atri- 
buyen á los constituyentes de 1830; y en esto 
también hay superchería, tanto porque en la ac- 
tualidad no podemos vivir á dieta rigurosa de 
instituciones con la memoria poco nutritiva de 
las altas dotes de aquellos históricos personajes, 
cuanto porque el inventario de sus supuestos 
merecimientos daría, si á conciencia se hace, un 
resultado muy poco satisfactorio. 

En primer lugar nuestra Constitución es en 
parte una copia de otra que el pueblo que la pro- 
mulgó tuvo el buen sentido de dejar de mano por 
perjudicial; y como copiar no acusa sabiduría sino 
copia,, la gloria de los constituyentes sufre aquí su 
primer eclipse. 

«Saben todos los señores que me escuchan — 
dice el doctor Aréchaga en su opúsculo Minis- 
tros y Legisladores , página 24 — «que la Cons- 
« titución Argentina de 1826 ha sido el verda- 
« dero modelo de nuestro Código Constitucional; 
« que la máxima parte de los artículos de nues- 
« tra Constitución son una copia literal de los 



— 67 


« artículos de la ya indicada Constitución Ar- 
« gen tina» (I). 

Los laudatores temporis acti, deben repartir, 
para ser justos, sus homenajes á la par que á los 
constituyentes de 1830, á sus predecesores de 
1826, más menesterosos de veneración, porque 
el tacto sutil del pueblo argentino, encontró pron- 
to en un fallo de su soberanía la conveniencia 
de deshacerse de un cachivache inútil; y eso que 
los legisladores de aquel país no pasaron como 
los del nuestro por las horcas caudinas de la 
aprobación de naciones extranjeras para poner 
en vigencia la Constitución de un pueblo libre. 

La altura de miras de la mayoría de los cons- 
tituyentes, su elevación moral, podrían juzgarse 
por la oposición tenaz que hacían á la media do- 
cena de hombres ilustrados que entre ellos había; 
y su altivez y decoro podrían aquilatarse por las 
palabras duras que con ese motivo se resignaban 
á oir del gobierno de la época, que los trataba 
con poca benevolencia. 


(1) Mucho antes que el doctor Aréchaga había el doc- 
tor Alberdi observado en sus célebres «Bases» que á 
nuestra Constitución «la argentina de 1826 le ha servido 
de modelo.» Obras completas de Alberdi, tomo 3.°, pági- 
na 404. 



— 68 


Las dos figuras descollantes de su tiempo fue- 
ron los doctores Ellauri y Vázquez; pues bien, si 
de la voluntad de muchos de los miembros de la 
constituyente hubiese dependido, ninguno de los 
dos distinguidos ciudadanos habría aportado á la 
corporación el contingente de su superioridad 
intelectual. ¿Fué envidia? ¿Fué maldad? ¿Fué 
estolidez? 

Al doctor Ellauri lo aburrieron al extremo de 
obligarle un día á renunciar. Al doctor Vázquez 
le anularon sus poderes de constituyente por 
Montevideo discutiendo durante nueve sesiones 
la ilegalidad de su elección; y después de termi- 
nado tal escándalo contra el primer orador y es- 
tadista de su país en aquel entonces, pudo recién 
el doctor Vázquez entrar á la Asamblea electo 
por Maldonado, habiéndose producido una va- 
cante por ese departamento. Tres meses, de Abril 
á Junio, se pasaron los venerables constituyentes 
en la grata tarea de obstaculizar el ingreso del 
doctor Vázquez á la Asamblea! 

El diario de sesiones da cuenta de los dispara- 
tes que se le ocurrían á muchos de esos legisla- 
dores, que no tenían por otra parte motivos para 
ser sabios; pero que debieron ser más modera- 
dos, serios y discretos y desde luego no regalar- 
nos el obstruccionismo de la reforma. 



Y vaya aquí im recuerdo personal. 

Por el triste privilegio de los años que hemos 
vivido, tocónos la satisfacción, ó lo que se quiera, 
de tratar en nuestra juventud á dos de los auto- 
res de la Constitución. Más valiera que no los 
hubiéramos conocido. Eran á no dudarlo de los 
que hostilizaban á Ellauri, á Vázquez, á Mu- 
ñoz... á todo el que descollaba. No hemos veri- 
ficado el dato ¿para qué acumular Iodo?... pero 
nadie nos quita de la cabeza que eran de los impla- 
cables contra la inteligencia, porque después en 
su vida política, en nuestras luchas civiles, se con- 
taron entre los serviles y los aduladores. Ambos 
eran hombres ignorantes, y descartada la relativa 
respetabilidad que les daba el ser ancianos, las 
exterioridades correctas que hasta cierto punto 
se adquieren en el roce del mundo y la prosopo- 
peya con que infla á los tontos el desempeño de 
cargos oficiales, pensamos que en sus años de 
constituyentes los sujetos que nosotros conoci- 
mos debieron ser lo que el vulgo llama hoy 
«tipos ridículos». Y presumimos que cortados 
por la misma tijera de los que llegamos á tratar, 
eran más ó menos, con contadas excepciones, los 
otros que no tuvimos el desencanto de haber al- 
canzado. 



— 70 


Los que como nosotros, pues, por haber corrido 
hace ya rato el medio siglo, hayan tenido ocasión 
de encontrarse alguna vez en contacto con los so- 
brevivientes de la Asamblea de 1830, se habrán 
sonreído maliciosamente ante el epíteto de vene- 
rables que les regalan los que ni los conocieron 
ni han estudiado su maléfica obra seriamente. 

Las Constituciones y trabajos constitucionales 
que nuestros legisladores tuvieron á la vista para 
redactar la que nos rige, fueron las siguientes: la 
Constitución Francesa de 1791, la célebre Cons- 
titución Española de 1812, el «Estatuto Provi- 
sional del Estado», Buenos Aires 1815, el «Re- 
glamento Provisorio sancionado por el soberano 
congreso de las Provincias Unidas de Sud Amé- 
rica para la Dirección y Administración del 
Estado», Buenos Aires 1817, la «Constitución 
de las Provincias Unidas de Sud América» de 
1819, la «Constitución de la República Argen- 
tina» de 1826 (Jurada en Canelones por la Pro- 
vincia Oriental el 31 de Marzo de 1827) (1), el 


(1) La Junta de Representantes de la Provincia Orien- 
tal dio el 9 de Abril de 1827 un Manifiesto en Canelones 
con lisonjeras esperanzas sobre los efectos de la Consti- 
tución jurada. Uno de los párrafos dice así: *Ya era tiem- 
po de que nos presentásemos ante el mundo de un modo 



71 


«Proyecto de Constituido para ó Imperio dó Bra- 
sil organizado no conselho de Estado», 1823 (1), 
la «Constitución de la República Boliviana» de 
1826, y la Chilena de 1828. 

Pues bien: fuera del Estatuto de 1815 y del 
Reglamento Provisorio de 1817 que no hablan 
de su revisión, las constituciones todas que sir- 
vieron á nuestros legisladores de modelo para las 
obstrucciones de los artículos 152 á 159, y que 
oponían trabas á la reforma con trámites com- 
plicados, todas, sin excepción alguna, cayeron en 
su día postradas ante los fueros de la soberanía 
popular, sin que las naciones que regían se hu- 
biesen sometido al trámite largo y abrumador 

digno, y que así como desgraciadamente fuimos el escánda- 
lo de los pueblos, ahora sirviésemos de ejemplo para aque- 
llos que hoy son tan desgraciados como fuimos nosotros. 
Si la anarquía nos hizo gemir bajo el yugo de la tiranía 
doméstica , si ella despobló nuestra tierra, y sirvió de pre- 
texto á un extranjero astuto que nos hizo arrastrar sus 
cadenas por diez años, los principios de orden que hoy 
practicamos contribuirán sin duda á constituir el país y 
cerrar para siempre la revolución». 

La alusión al patriarca Artigas se ve aquí bien trans- 
parente. Verdad es que estaban frescas en la memoria 
por recientes, las bondades y hazañas del «Protector de 
los pueblos libres». 

(1) El ejemplar que poseemos perteneció á uno de los 
constituyentes, el señor Masini. 



— 72 — 


que atentatoriamente habían ellas prefijado para 
su reforma. 

El título VII de la Constitución Francesa de 
1791 ordenaba que la revisión sólo tendría lugar 
cuando tres legislaturas hubiesen consecutiva- 
mente emitido un voto uniforme de reforma, en 
cuyo caso una cuarta legislatura aumentada de 
249 miembros procedería á la revisión. 

Todo muy bien arreglado; pero el pueblo fran- 
cés asumió pronto su soberanía y en 1793 se dió 
por medio de una Convención otro Código Polí- 
tico; y después de esa fecha, como es notorio, ha 
variado con frecuencia de carta fundamental. 

La Constitución española de 1812 en sus ar- 
tículos 375 á 383 hacía imposible toda reforma 
inmediata. Desde luego impedía que se tocase 
hasta pasados ocho años de su vigencia; después 
de esto la enmienda siendo aceptada por dos ter- 
ceras partes de votos, pasaría á la diputación ge- 
neral siguiente, la cual á su vez encomendaría la 
tarea revisora á la diputación próximamente in- 
mediata ó á la siguiente á ésta, la que debería 
venir con poderes especiales para la revisión. Un 
verdadero Calvario á que el pueblo español no qui- 
so llegar, siendo así que la Constitución de 1812 
rigió tan sólo hasta el año 1814; el infame Fer- 



— 73 — 


nando VII no la quiso aceptar; pero le fue im- 
puesta en 1820 después de un eclipse de seis 
años, hasta 1823, en que el mismo déspota la 
mató; fué resucitada en 1836; pero débil con 
tanta aventura y tantas entradas y salidas, no 
satisfizo al pueblo español, que el mismo año 
1836 reasumió su soberanía nombrando una 
Asamblea que redactó la nueva Constitución que 
se promulgó en 1837. 

La «Constitución de 1819 de las Provincias 
Unidas de Sud América», indicaba de qué modo 
se reformaría en sus artículos 130 á 134; los 
cuales jamás tomó nadie en cuenta; sucediendo 
lo propio con la «Constitución 'de la República 
Argentina de 1826», que en su sección IX, ar- 
tículos 182 á 186, determina formalidades para 
su revisión, de que nunca se ocupó el pueblo que 
las había aceptado en un principio. 

El proyecto de 1823 de «Constituigao para ó 
Imperio do Brasil» fué jurado como Código Po- 
lítico de esa nación al siguiente año 1 824; y aún 
cuando en sus artículos 174 á 177 establece tra- 
mitaciones fatigosas para su revisión, ésta se ve- 
rificó en 1834 sin acatarlas. Otras modificacio- 
nes sufrió en 1840 y en 1841, hasta que pro- 
clamada la república, un congreso constituyente 



— 74 — 


nombrado directamente por el pueblo «para or- 
ganizar un régimen lime é democrático » pro- 
mulgó la actual Constitución. 

La de la República Boliviana presentada por 
Bolívar con un extenso discurso preliminar, fué 
sancionada en 1826; pero duró poco á pesar de 
prestigiarla el célebre caudillo en quien no es ex- 
traño por sus tendencias despóticas que quisiera 
imponer su vigencia eterna prescindiendo de la 
soberanía popular. Así estableció en ella en el 
título 10.° que sólo á los diez años de promul- 
gada podría intentarse su reforma, que toma- 
ría en cuenta la legislatura siguiente. No obs- 
tante estas arritrancas, el pueblo boliviano ha 
sido de los más fecundos en materia revisora. 
A los cinco años j no á los diez que impuso Bo- 
lívar, se sancionó la Constitución de 1831 y vi- 
nieron después las reformas de 1834, la Consti- 
tución de 1839, la de 1843, la de 1851, la de 
1861, rigiendo actualmente, nos parece, la de 
1871 con algunas ligeras modificaciones de fecha 
posterior. 

Finalmente la de Chile de 1828, último de los 
Códigos Políticos que nuestros constituyentes 
pudieron consultar, pasó al mundo de los recuer- 
dos antes de los cinco años de su vigencia, no 



— 75 — 


obstante que ponía las mayores trabas á su re- 
forma inmediata. «Desde sus primeras sesiones, 
— dice el más acreditado de los historiadores 
chilenos — se ocupó el congreso de 1831 en la 
discusión de un proyecto que los más caracteri- 
zados representantes del nuevo orden de cosas 
señalaban como indispensable para organizar la 
República sobre bases sólidas y estables. Se tra- 
taba de reformar la Constitución del Estado, 
adelantando en algunos años la época fijada 
por ella misma para efectuar su revisión .» (1) 
Como resultado de este adelanto «en algunos 
años» vino la Constitución que se promulgó $n 
1833, sin atender en lo mínimo á los trámites 
que la de 1828 prefijaba para su revisión. 


Queda, pues, demostrado que todas las Consti- 
tuciones que nuestros legisladores de 1830 pu- 
dieron consultar y nos consta que tuvieron á 
mano, todas ellas sin excepción alguna, ponían 
obstáculos á su inmediata revisión; pero todas 
también fueron al poco tiempo de concebidas 


(1) Barros Arana.— «Historia general de Chile», tomo 
1G, página 62. 



— 76 — 


derogadas por otras que al pueblo soberano plugo 
imponer para mejorar sus destinos. 

Es el pueblo uruguayo, el único pueblo de la 
tierra á quien viene traicionando una veintena 
de supuestos apóstoles de la verdad y de la cien- 
cia, empeñados en que continúe reducido á paria, 
sin voz ni voto en el concierto de sus intereses. 

Todos los pueblos sudamericanos han pagado 
la imprevisión de sus primeras Constituciones; 
pero todos á su tiempo han puesto el dedo sobre 
la llaga, y eso que ninguno tuvo una Constitu- 
ción tan absurda como la nuestra. 

Sólo nosotros los uruguayos tenemos que se- 
guir como Mazzepa atados al potro que nos 
arrastra al abismo de la desventura, de la anar- 
quía, de la guerra civil y del descrédito. 

Los que no vacilan ante los mayores sacudi- 
mientos sociales, los que viven soñando todavía 
con revoluciones y motines, con soldadescas y 
caudillajes y con migajas que recogen de los des- 
perdicios del Poder en trapisondas políticas y en 
acomodos de exclusivo provecho personal, esos 
son los que le hacen fuego á la reforma de la 
Constitución, única esperanza que nos queda á 
los que por experiencia sabemos que las revolu- 
ciones no vencen sino con la ignominia de la in- 



77 


terveación extranjera y después de haber arrui- 
nado al país, y que las fusiones son un fracaso 
viejo si nos remontamos al decreto de 1851 de 
Suárez y don Lorenzo Batlle prohibiendo el uso 
de las divisas blanca y colorada «porque eran el 
signo de nuestras discordias pasadas!...»; y son 
un fracaso reciente si no desterramos de la me- 
moria las indecentes manipulaciones de Cues- 
tas. 

Si no dan resultado los medios violentos, si 
no lo dan las fusiones desde la de los «Amigos 
del País» y la «Unión Liberal» hasta el par- 
tido constitucionalista muerto y enterrado que 
el doctor Sienra Carranza quiere hacer renacer 
de sus cenizas como el Fénix mitológico, ¿por 
qué no nos dejamos ya de crímenes y de qui- 
meras para combatir el mal donde realmente 
existe? 

Todas nuestras desgracias vienen de la estú- 
pida Constitución que nos rige; y por consiguiente 
reformarla es el único remedio á nuestros males. 

El pueblo está convencido de esto; pero al 
pueblo que está en lo cierto se le han atado hasta 
ahora las manos para todo lo que no sea man- 
darlo armado á las cuchillas. 

Y siempre el balance es el mismo: algunas 



— 78 


bancas en la Cámara para los que no han co- 
rrido riesgos, é idéntica situación política ó peor 
que antes para los que se sacrificaron. 

Esto no debe continuar. Vamos á decir la 
verdad tal cual la vislumbramos en un momen- 
to solemne en que no caben ocultaciones. 

Nuestro país está gravemente enfermo; ha- 
gamos el diagnóstico para indicar en seguida el 
método curativo. 

Sobre todos los sentimientos que en la vida 
arrastran y apasionan, ninguno jamás ha domi- 
nado nuestro corazón como «1 patriotismo, al ex- 
tremo de que, sea por ofuscamiento, por falta de 
inteligencia ó por estrechez de vistas, no lo sabe- 
mos, hay cosas que juzgamos incomprensibles y 
dos de ellas son el cosmopolitismo y el cambio 
de nacionalidad. Nos desazona y lastima el pen- 
samiento de que siquiera fuere por todas las glo- 
rias del mundo entero, haya quien sea capaz de 
cambiar el amor á este pedazo de tierra en que 
nos ha tocado nacer. 

Así sentimos sus dolores y así buscamos la 
explicación de por qué subsisten al través de los 
años. 

La culpa de todas nuestras desgracias está en 
la Constitución que nos rige y que condena al 



— 79 — 


país á vivir en un completo despotismo, sin culpa 
muchas veces de los mismos que mandan. 

Es un despotismo tolerable cuando el Presi- 
dente de la República es un caballero; es un des- 
potismo cruel é ignominioso cuando el Presidente 
es un picaro. 

En el régimen presidencial por lo común el 
poder del primer magistrado es inmenso. Las fa- 
cultades del Presidente de los Estados Unidos, 
sobre todo en tiempos turbulentos, serían peli- 
grosas en el sentir de muchos publicistas (1) si 
no fuese que allí la opinión pública tiene eficien- 
cia y se respetan los precedentes de los mandata- 
rios virtuosos. Grant, soldado lleno de ambiciones 
y con prestigio, se detuvo ante una tercera reelec- 
ción presidencial, porque Washington había de- 
clarado que aún cuando la Constitución no lo 
prohibiese, era inconveniente que un mismo ciu- 
dadano fuera tres veces electo. 

Pero donde no existen edificantes precedentes 
ni mucho menos opinión pública atendida, el po- 
li) Bryce: The American Commomvealth, vol. 1. pages 
61-G3. Le duc de Noailles: «Cent ans de république aux 
Etats Unis». Volume deuxieme, page 15. — Von Holst: 
«The Constitutional and Political History of the United 
States», especialmente en el tomo 2.° el capítulo titulado: 
The reign of Andrew Jackson. 



— 80 — 


der omnímodo de un primer magistrado hace im- 
posible la vida republicana. 

La indignación social corrió en Francia á Gre- 
vy y lo obligó á renunciar por una falta ajena, 
desde que su probidad no daba mérito á suponer- 
lo en connivencia con su yerno Wilson para ven- 
der condecoraciones; pero no podía ser Presidente 
de la República quien tuviese semejante pillo en 
su familia, con indicios de tolerancia á sus truha- 
nerías en el concepto del vulgo malevolente y ca- 
lumniador. La dignidad de la Francia imponíala 
renuncia y la renuncia se presentó. 

Aquí cosas por el estilo y otras mucho peores, 
han quedado siempre impunes, y eso que para 
apropiarse lo ajeno algunos de nuestros Presiden- 
tes no han necesitado yernos ni intermediarios 
sino tan sólo su eficacísima acción personal. 

No hay opinión pública entre nosotros; la so- 
ciedad, los partidos, los ciudadanos tienen que 
buscar su defensa en la Constitución, y la Cons- 
titución no los defiende de nada ni de nadie. 

Creyendo con la mayor torpeza los constitu- 
yentes que así como cerraban á los militares au- 
daces y á los caudillos temibles las puertas de la 
Asamblea, les iban á cerrar también las de la pri- 
mera magistratura, otorgaron al Poder Ejecutivo 



— 81 


un dominio omnímodo; pero como sucedió que 
los primeros que se colaron de rondón en la 
Presidencia fueron los mismos contra quienes 
se había querido fortalecer al Poder Ejecutivo 
con la ilusión de que caería siempre en manos de 
un simple ciudadano, lo que resultó fué que con ese 
poder omnímodo ha tenido el país siempre que 
con tan para dormir tranquilo cuando el Presidente 
era un buen ciudadano, para temblar ó tomar 
precauciones cuando el Presidente era un malva- 
do ó simplemente un caco. 

Pero hablemos claro: todo el mal que se sien- 
te en el país, es porque el país no cuenta para 
nado, en la organización de los Poderes públi- 
cos: el mal viene de que el Presidente de la- Re- 
pública es elector y nombra sucesor; y el país 
habiendo alcanzado ya un grado superior de cul- 
tura y una relativa conciencia de sus derechos, 
no se aviene con el régimen que le cierra la puer- 
ta á sus ambiciones legítimas, de llevar al Parla- 
mento hombres independientes y de sus simpa- 
tías. 

La Constitución actual es tan absurda que 
obliga fatalmente al Presidente de la República 
á usar de los medios que ella le pone en la ma- 
no, para las funciones de gran elector. 


6 



— 82 -- 


Si un Presidente colorado perdiese en la ac- 
tualidad las elecciones, el partido colorado perde- 
ría por el hecho el poder que usufructúa sin me- 
dianería desde 1865. Una mayoría en la Cámara 
compuesta de blancos y colorados disidentes, por 
no hablar ya de un triunfo posible de los blancos 
solos, resultaría una mayoría que usando del de- 
recho que le dan los incisos 4 y 8 del artículo 
17 de la Constitución, le cercenaría el presupues 
to al Poder Ejecutivo y le fijaría la fuerza arma- 
da en un número irrisorio de soldados, con lo 
cual al día siguiente de licenciados los batallones 
podría el Presidente irse á su casa, con la seguri- 
dad de que él también quedaba licenciado. 

El Presidente de la República, por más hono- 
rable que sea, no puede, por consiguiente, perder 
las elecciones para perder al mismo tiempo su 
partido, cuando sabe que el partido adverso una 
vez adueñado del poder, desarrollaría las mismas 
mañas que critica en el llano, es decir, sería elec- 
tor y nombraría sucesor, á pretexto de que tan 
preciosa herencia como el bastón presidencial no 
se le puede obsequiar á cualquier zote que se lo 
deje sacar de entre las manos, aun cuando haya 
quien crea que él nombramiento de sucesor ó 
fideicomisario es para continuar la dirección de 



— 8;i — 


la orquesta con batuta suplementaria, no obstan- 
te los chascos de Santos con Tajes, de Herrera 
con Borda y en la otra orilla, de Roca con su pa- 
riente Juárez Celman, lo cual al parecer no sirve 
de precedente que enseñe, porque es viejo que 
nadie escarmiente en cabeza ajena. 

Con la actual Constitución, pues, por la fuerza 
de las cosas, las elecciones han sido siempre ofi-, 
cíales y tienen que continuar siéndolo mientras 
ella rija. 

Carlos M. Ramírez demostró la fraudulencia 
electoral documentalmente respecto de todos los 
tiempos y de ambos partidos tradicionales. (1) 
Dar, pues, libertad electoral y perder las elec- 
ciones el Gobierno, es perder sencillamente el 
dominio que á nombre del partido de Rivera se 
viene ejerciendo desde hace cuarenta años. No 
hay ningún colorado por virtuoso que sea que 
quiera en el desempeño de la Presidencia cargar 
con esa triste responsabilidad. 

Convirtiendo, pues, la Constitución al ciuda- 

(L) « Cronología electoral colorada y blanca » en « La 
Razón » de 4 de Julio á 7 de Julio de 1895. — Luis Carve 
(con el seudónimo de «Ayacucho») ha explicado en «El 
Día* de 7 de Octubre de 1901, los atentados de don Ber- 
nardo Berro para nombrar Presidente del Senado á don 
Atanasio Aguirre. 



— 84 — 


daño que ejerce el Poder Ejecutivo en un verda- 
dero dictador, el deseo de desempeñar ese cargo 
es vehementísimo, por lo mismo que él da pre- 
rrogativas y atribuciones que á ningún monarca 
constitucional otorga la carta política de su reino. 

No duraría veinticuatro horas en su trono 
Eduardo VII si se metiese en elecciones; pero 
la Constitución inglesa no le da al Rey el medio 
de ingerirse en ese asunto popular, como no lo 
da tampoco la Constitución de Italia ni la de 
España ni la de ningún país que haya tenido 
quien supiese redactar un Código Político. 

Y nuestra Constitución es tan maravillosa 
para montar la máquina electoral en manos del 
Gobierno, que éste del partido á que pertenece 
no necesita más que el nombre; lo demás lo hace 
con un círculo de sus íntimos, un circuidlo que 
disgrega del bando adverso, y el ejército que 
coloca en manos fieles; de modo que si bien á 
nombre del partido colorado se viene gober- 
nando hace cuarenta años, eso sucede á beneficio 
de inventario y á mérito de un alambique que 
termina en ismo y que destila nuevos personajes 
cada cuatro años, perdiéndose el coloradisino en 
una quinta esencia que sucesivamente se ha lla- 
mado Latorrismo, Santismo, Tajismo, Herre- 



85 — 


rismo, Bordismo, Cuestismo y hoy se llama 
Batllismo, con algunos elementos también mul- 
ticolores que han pasado por todas esas trans- 
formaciones como aventajados prácticos lema- 
nes en los escollos de nuestras costas políticas. 

Hay que concluir con una Constitución que 
obliga á los Presidentes mejor inspirados á ser 
electores para no dejar de ser Presidentes. 

Ya hemos dicho que den tro de nuestro régimen 
constitucional, el Presidente de la República ne- 
cesita forzosamente tener mayoría amiga en las 
Cámaras para que una mayoría adversa no le 
quite los víveres y le quite los soldados; y para 
llegar á esa mayoría tiene ni más ni menos que 
ser elector. 

Hagamos, pues, una Constitución que otorgue 
al Presidente de la República la misma estabili- 
dad y mayor respetabilidad que ahora, quitán- 
dole el carácter de agente electoral para darle el 
mucho más honroso y dignificante de primer ma- 
gistrado de un pueblo libre, consciente de sus 
derechos y en pleno uso de ellos. 

Hemos diagnosticado la enfermedad gravísima 
de inquietud y malestar que aqueja al país y que 
lo lleva al derrumbamiento; tócanos ahora se- 
ñalar el remedio sencillísimo con que la dolen- 
cia puede combatirse eficazmente. 



86 — 


El Presidente de la República, asechado siem- 
pre por el partido adverso y por los elementos 
de su propio partido que jamás están con el Go- 
bierno cuando no les da cubierto en el banquete, 
monta con la mayor facilidad la máquina elec- 
toral para tener su mayoría al firme, y después 
con esta mayoría nombrar su sucesor. 

Con los jefes políticos que manejan guardias 
civiles y manejan otras cosas y otros resortes, y 
con los jefes de cuerpo, las elecciones se ganan 
donde se quiera. 

Pero es muy fácil establecer un medio para 
que los jefes políticos no puedan ser utilizados 
por el Poder Ejecutivo á efectos electorales, y 
que en ningún caso voten guardias civiles ni 
tampoco cabos y sargentos del ejército de línea 
para evitar el milagro bíblico de la multiplicación 
de los peces. 

Tenemos, pues, que hacer, por medio de una 
convención, una Carta Política para el pueblo 
uruguayo, en que los jefes políticos amovibles 
hoy á cada rato y según su conducta de electo- 
res, sean sustituidos por unos funcionarios per- 
manentes por algún tiempo; que se llamarían go- 
bernadores departamentales, con un buen sueldo 
para que desempeñen ese cargo ciudadanos cons- 



— 87 — 


picuos del mismo departamento que fuesen á re- 
gir ó de cualquier otro. Serían elegidos por un 
colegio electoral como los senadores actuales, 
durarían tres años en sus funciones y no serían 
reelegibles sino pasado un trienio; nombrarían 
sus delegados y comisarios con toda independen- 
cia del Poder Ejecutivo, quedando á las órdenes 
de éste para todo menos para funciones electo- 
rales, respecto de las que la Alta Corte de Jus-' 
ticia entendería causando su fallo ejecutoria en 
todos los reclamos de los ciudadanos y acusacio- 
nes al gobernador si interviniese en el acto elec- 
toral para algo que no fuese guardar el orden. 

Como con esta innovación el gobierno no po- 
dría ganar elecciones, aunque podría ganarlas el 
partido á que él perteneciese, habría que rodear 
al Presidente de garantías contra una mayoría 
opositora, y esas garantías serían que él fijaría la 
fuerza armada y las Cámaras tendrían que vo- 
tarle las sumas que para mantenerla necesitase, 
y que las Cámaras jamás podrían señalarle suel- 
do que bajase de tres mil pesos mensuales. 

Tendría las mismas funciones de hoy y aun 
algunas más, como el nombramiento de los 
miembros de la Alta Corte de Justicia que no 
conviene librar á la Asamblea ; pero ese nom- 



— 88 — 


bramiento, corno todos los de importancia, lo ha- 
ría con venia del Senado, que siendo indepen- 
diente bajo el imperio de elecciones libres, no 
consentiría ciertos ministros de estado y pleni- 
potenciarios como algunos que actuaron con 
Cuestas, muy dignos de él, sin duda, pero no del 
país, y que por desgracia continúan actuando. 

Su máquina electoral, el Presidente de la Re- 
pública la monta cuando quiere con los jefes po- 
líticos que él cambia cuando le place, y que son 
administradores ó procónsules, según la índole ó 
docilidad del departamento á que se les destine, 
pero que jamás son ni elementos de estabilidad 
y de progreso, ni mucho menos garantía de li- 
bertad electoral; y como faltando ésta falta todo, 
porque ella es la base del gobierno republicano 
que nos hemos dado, resulta que venimos vi- 
viendo en una eterna ficción vergonzosa y fuera 
de la legalidad, desde el mismo día en que nos 
constituimos en estado libre. 

Desmontada la actual máquina electoral por 
medio de conspicuas autoridades departamenta- 
les electivas que no dependan del Presidente ni 
actúen como ahora decisivamente en la forma- 
ción del Cuerpo Legislativo, ¿ no podría venir, se 
preguntará, un Presidente blanco, ó cuando me- 
nos alguno que no fuese colorado ? 



— 89 — 


Estamos hablando al pueblo uruguayo y no 
á tal ó cual partido, y por consiguiente la cues- 
tión de partido no es nuestra cuestión. 

Los partidos no son ni pueden ser el país, 
puesto que muchos de sus habitantes viven aje- 
nos á ellos. Recordemos, sí, que nuestros más 
queridos amigos están entre los colorados y los 
blancos; los liberales son nuestros correligiona- 
rios y nuestra esperanza de regeneración social, y 
los ultramontanos, con quienes estamos en pro- 
funda, radical y perpetua disidencia de ideas, no 
son nuestros enemigos sino simplemente nues- 
tros antagonistas. 

Escribimos, pues, para todos, porque á todos 
atañe lo que decimos imparcialmente y con sin- 
ceridad. 

Por lo demás, desmontada la máquina electo- 
ral con que el Presidente de la República anula 
hoy por completo á la mayoría de su propio 
partido, y reduce á muy poco al partido adverso, 
nos parece que la Presidencia no será ya tan co- 
diciable, porque habrá entre ella y la que hemos 
tenido hasta ahora, la inmensurable diferencia 
que existe entre el zar de Rusia y un monarca 
constitucional. 

Nadie le pedirá entonces diputaciones y sena- 



— 90 


durías al Presidente, que no podrá darlas, y ga- 
nará él en tranquilidad y dignidad en el mando, 
lo que pierde ahora con la distribución de espór- 
tulas, que no alcanzan para todos los penitentes, 
y que determinan resentimientos, á veces odios, 
en los famélicos que quedan sin prebenda. 

Como la Presidencia ya no será el todo, sino 
un resorte importante de la vida institucional, la 
acción política que está ahora reconcentrada to- 
talmente en la persona del primer mandatario, 
pasará entonces al Cuerpo Legislativo, verdadero 
campo de acción de los partidos, que se disputa- 
rán sin peligro de atropellos oficiales, la mayoría 
en las elecciones, y la mayoría después en el re- 
cinto legislativo cuando por no tratarse de asun- 
tos propiamente de predominio partidista quepan 
entre los bandos arreglos y coaliciones. 

Hay, además, que tomar en cuenta que refor- 
mada la Constitución y al amparo de la nueva, 
los partidos ya no serán de guerra ni feroces como 
ahora, sino partidos de gobierno, que se dividirán 
no por los cintillos de la tradición, sino por cues- 
tiones económicas y sociales. Creemos á este 
respecto lo mismo que pensaba de los partidos en 
1853 Juan Carlos Gómez, según la opinión que 
de él hemos transcripto: creemos que habrá en 



— 91 — 


ellos lina transformación completa; lo que se ex- 
plica porque ambos tendrán idénticos derechos, 
y los ejercerán á la sombra de una ley común 
que á todos los ciudadanos alcanzará por igual. 

Ahora bien: como la enfermedad gravísima 
de la patria exige el remedio con urgencia, el ac- 
tual Cuerpo Legislativo se halla en el impres- 
cindible deber de dictar inmediatamente una ley 
más ó menos en estos términos: 

Artículo l.° Resuelto constantemente por el 
pueblo uruguayo, desde hace cincuenta y dos 
años, que es de interés nacional reformar la Cons- 
titución, esta reforma se llevará á cabo por una 
Convención Nacional elegida directamente por el 
pueblo. 

Art. 2.° La Convención tendrá por único y 
exclusivo objeto, revisar la actual Constitución, 
modificarla en lo que juzgue conveniente ó san- 
cionar otra enteramente nueva. 

Art. 3.’ La Convención se compondrá de 
miembros que se elijan en la proporción de uno 
por cada diez mil habitantes. 

Art. 4.° Para ser electo convencional se nece- 
sitará ciudadanía natural y treinta años cumpli- 
dos de edad. 



92 — 


Art. 5.° Los convencionales gozarán de las 
mismas inmunidades que los miembros del ac- 
tual Cuerpo Legislativo. 

Art. 0.° Los convencionales desempeñarán 
sus funciones gratuitamente, y pueden serlo sin 
excepción alguna, reuniendo las condiciones del 
articulo 4.°: los funcionarios y empleados públi- 
cos, los militares, los frailes y todo ciudadano 
natural que no tenga sus derechos políticos per- 
didos ó suspendidos. 

Art. 7.’ La elección de convencionales se ve- 
rificará el último domingo del mes de Julio Los 
meses de Abril y Mayo serán para la inscrip- 
ción y el de Junio para las tachas con arreglo á 
las leyes actuales de registro cívico y elecciones 
en cuanto no se opongan á la presente ley. 

Art. 8.° El sufragio es universal y pueden por 
consiguiente votar todos los ciudadanos de más 
de veinte años, sin otra exclusión que la de los 
guardias civiles y los sargentos, cabos y solda- 
dos de los cuerpos de línea. 

Art. 9.° La convención se instalará el 25 de 
Agosto próximo en la plaza Independencia de la 
capital, en presencia del pueblo soberano que se 
convocará al efecto. 

Art. 10. Una vez instalada comenzará sus ta- 



— 93 — 


reas trasladándose al local de sus sesiones que 
será el teatro de Solís. Las sesiones serán públi- 
cas y á ellas podrán asistir todas las personas 
de uno y otro sexo que lo deseen. 

Art. 11. Las sesiones de la Convención dura- 
rán tres meses, vencidos los cuales se conside- 
rará de hecho disuelta, haya terminado ó no su 
cometido, quedando en el último caso sujeta á la 
censura del pueblo, que deliberará en la forma 
que corresponda sobre la convocatoria de una 
nueva Convención. 

Art 12. La Convención una vez instalada 
girará contra la Tesorería de la Nación por las 
sumas que necesite para llenar sus fines. 

La Convención así nombrada, tenemos la se- 
guridad de que dará los mismos benéficos resul- 
tados que en todas partes, porque como se decía 
en el informe de 1880 que hemos antes recor- 
dado: &en todos los países de instituciones ade- 
lantadas se encomienda la reforma de la Cons- 
titución á un congreso ó asamblea constituyente 
elegido á ese único fin y sin más cometidos». 

Aliviado el Poder Ejecutivo de sus pesadas 
tareas electorales y de los subsiguientes compro- 
misos que ellas traen, podrá dedicarse de lleno 



— 94 — 


á las funciones administrativas de su incum- 
bencia con tiempo que le sobrará y con el apoyo 
del pueblo entero que entonces por primera vez 
tendrá legítima representación, dimanante de co- 
micios libres. 

Bonaparte, uno de los más aventajados pro- 
fesores de despotismo, se quejaba una vez, duran- 
te el Consulado, de que el Cuerpo Legislativo no 
lo sostenía en todo como él quería. «Ciudadano 
primer cónsul — le respondió el buen republica- 
no Andrieux — debéis saber que uno no se apoya 
sino sobre lo que resiste». 

Se hizo Bonaparte emperador y no encontró 
quien le hablase el lenguaje de Andrieux, que 
no volvió á ocupar puesto alguno en el Cuerpo 
Legislativo, como que el déspota lo formaba para 
que le satisficiese sus caprichos. En lugar de apo- 
yarse en lo que resistía se apoyó en lo que aflo- 
jaba, y fué la consecuencia que, gobernando sin 
el contralor de la opinión pública y no oyendo 
más voces que las de sus pasiones y las de la 
adulación interesada, concluyó por humillar á su 
país con la invasión extranjera y por devolver 
estrangulada y empequeñecida una Francia que 
la Revolución le había entregado con las exten- 
sas fronteras que constituían su grandeza terri- - 
torial. 



— 95 — 


El mono que lo imitó con el título de Napo- 
león III también despotizó á la Francia: no qui- 
so Cuerpo Legislativo independiente; pero pasó 
por la ignominia de Sedán, con la vergüenza, por 
añadidura, de su sola culpa en el desastre. 

Todo muy bien, se nos dirá; sabemos á dónde 
conducen los sucesos fatalmente á los pueblos 
que no tienen la dignidad de gobernarse por sí 
mismos; pero si las Cámaras actuales no convo- 
can la Convención proyectada, ¿qué se hace? 

Las Cámaras no pueden negarle al pueblo so- 
berano sus derechos, y tienen por fuerza que 
cumplir con el deber de llamarlo á la elección 
de una Asamblea Constituyente por la cual vie- 
ne clamando desde hace cincuenta y dos años. 

Pero si el caso se produce de que se quiera á 
todo trance continuar con la actual Constitución 
liberticida, y las Cámaras se exhiben en rebelión 
contra la soberanía popular, entonces los ciuda- 
danos no tienen más que hacer sino respetuosa- 
mente usar del derecho de reunión y de propa- 
ganda, utilizando la libertad de imprenta, jun- 
tándose en cada departamento á la voz del ciu- 
dadano ó ciudadanos que tomen la patriótica ini- 
ciativa; y en seguida recolectar firmas, emplear 
todos los medios legítimos de convencimiento y 



— 96 — 


declarar al Cuerpo Legislativo en abierta insu- 
rrección contra el pueblo soberano que protestará 
contra el desconocimiento que se haga de sus de- 
rechos, y procederá finalmente como la gravedad 
de las circunstancias lo indique. 

Por lo demás, la Constitución de 1830, aún 
sin la hidrocefalia presidencial que la torna mons- 
truosa, no llena ni con mucho las aspiraciones de 
un pueblo libre y civilizado. 

Nosotros no podemos continuar con un Có- 
digo Político que para regir necesitó el vistobae- 
no de naciones extranjeras, en términos que lo 
manchan todavía y nos deprimen. 

Debemos llamar á nuestra patria simplemente 
República del Uruguay, y uruguayos á sus hijos 
sin dejarnos decir orientales, porque algunos de 
nuestros departamentos se hallen al este de un 
río ó porque cuando éramos colonia se nos desig- 
naba como «Banda Oriental» (1). 

El artículo 5.° es simplemente absurdo. 

El Estado no puede tener religión; no oye mi- 

(1) Francisco Bauzá alega buenas razones para demos 
trar que de antigüe se nos llamó uruguayos, y que con 
el nombre de Uruguay se designó nuestro territorio, dán- 
dose por extensión el mismo nombre á uno de los ríos 
que lo bailan — <• Dominación española en el Uruguay », 
tomo I, página 145. 



— 97 — 


sa ni se confiesa; el Estado laico no puede abri- 
gar la pretensión de hacerse juez de la verdad re- 
ligiosa. El Estado moderno no puede profesar 
ningún dogma revelado; su misión es la protec- 
ción del derecho, que es de todos, y no la protec- 
ción de un culto que felizmente muchos no pro- 
fesan. El Syllabus fulmina en su proposición 
80. a «al progreso, al liberalismo y á la civiliza- 
ción moderna»; y no cabe que pueda sostenerse 
por ningún Estado una religión que difunde ta- 
les bestialidades (1); la intolerancia es un dogma 

(1) Mariano + se permitió el año 1878 una oración fú- 
nebre en honor de Pío IX. Entre una colección bastante 
completa de disparates que pone en la dedicatoria al 
^pontífice-rey > (sic!), y en que lo llama: «víctima ilustre 
« de la libertad de la iglesia; hombre de la civilización; 
« el más grande entre los hombres; el más augusto de 
« los príncipes; el arcángel de la tierra; el apóstol del 
« amor (esto debe ser cierto); el magnífico defensor de 
« todos los ingenios (Mariano + inclusive); el pontífice 
« maravilloso; el doctor infalible», y muchas cosas más 
por el estilo, lo llama también: « sapientísimo promul - 
gador del Syllabus ! //». 

Y esto en una República liberal se nos hace pagar con 
el sueldo mayor que tenga un funcionario público, si se 
exceptúa el Presidente!!! Mariano +» por el presupuesto 
actual tiene 6,000 pesos anuales; un ministro de estado 
5,832 pesos!... Verdad es que los ministros trabajan, 
mientras su señoría ílustrísima y reverendísima pasea 
por Europa ! 

i Oh, maravillas republicanas de la religión del Esta- 
do!... 


7 



98 — 


católico, y la libertad debe ser y es la aspiración 
del pueblo; la unión de la Iglesia y el Estado no 
responde á los fines de la sociedad; y es el colmo 
de la injusticia que á los que no somos católicos 
se nos obligue á costear un culto que no profe- 
samos, y á pagar los viajes de placer de Mariano 
-j* por Europa y Palestina. La Iglesia no es más 
que la asociación de los fíeles que comparten la 
misma fe: un misterio de la conciencia individual 
en que el Estado no puede ni debe penetrar. La 
unión de la Iglesia y el Estado es una herencia 
del paganismo donde la religión y la política vi- 
vían confundidas: hoy son cosas distintas y no 
cabe amalgamarlas. 

Error grave en la Constitución es la Asamblea 
General que abruma al Senado con los votos en 
mayoría de la Cámara de Representantes; y me- 
rece, de una vez por todas, establecerse el sufra- 
gio universal, que los que saben derramar su 
sangre en las cuchillas, bien pueden á la par ser 
competentes para intervenir en el acto electoral, 
y acaso aprendiendo á ejercer funciones electora- 
les olviden el hábito de batirse en las contiendas 
civiles que el voto libre hará innecesarias. 

Hay que establecer la Alta Corte de Justicia 
pero suprimiendo las trabas que el artículo 93 de- 



— 99 — 


termina para ser miembro de ella, porque, con 
arreglo á ese artículo, Carlos Fein, verbigracia, 
abogadillo adocenado y fatuo, sin ilustración de 
ninguna clase, que vino de su país al nuestro pa- 
ra pedir empleos, podría disputarle el difícil car- 
go á una eminencia del Foro, que no hubiese te- 
nido éxitos de presupuesto desde escribiente á 
miembro de un Tribunal de Apelaciones. 

El número de Representantes ha de sujetarse 
á una regla discreta, porque de acuerdo con el 
artículo 19, la Cámara actual debería componer- 
se de trescientos miembros. 

Corresponde establecer el municipio autóno- 
mo, institución de pueblos libres. 

La amenaza del jurado en asuntos civiles, 
contenida en los artículos 105 y 137, revela dos 
cosas: el absurdo de establecerlo en la Constitu- 
ción y la violación de la misma en el hecho de 
que tal jurado, por suerte, no existe todavía. 

A la Alta Corte de Justicia debe otorgársele 
la facultad de declarar la inconstitucionalidad de 
la ley; porque hoy entre nosotros no hay leyes 
inconstitucionales desde que no existe Poder que 
así las califique. 

Esta falta ha dado lugar á inconveniencias de 
toda clase. Don Pedro Bustamante presentó, co- 



— 100 


mo diputado, eD la sesión de 4 de Junio de 1873, 
un proyecto de ley ridículo, que dice así: 

«Artículo l.° Es absolutamente prohibido á 
los Jueces y Tribunales aplicar ninguna ley ó 
disposición gubernativa que, directa ó indirecta- 
mente, se oponga á la Constitución del Estado. 

« Art. 2.° Todo magistrado judicial, inferior ó 
superior, que aplique tales leyes cuando su in- 
constitucionalidad sea notoria y hubiese sido ale- 
gada en juicio por alguna de las partes, incurri- 
rá en responsabilidad civil y criminal con arre- 
glo á la ley». 

Por este proyecto, un simple teniente alcalde, 
juez de la inconstitucionalidad notoria de la ley, 
podría rebelarse contra ella y dejar de acatarla 
según su criterio propio! 

El proyecto no pasó de tal; pero las doctrinas 
que lo informaban, tuvieron éxito en 1875, re- 
husándose los jueces á aplicar la ley de curso for- 
zoso, que nació sin autoridad, á no dudarlo, por 
la clase de Gobierno y Cámaras de la época. No 
obstante las circunstancias, la actitud de los jue- 
ces fué discutible y podría haber sido la misma 
en un caso en que la ley de curso forzoso, ley de 
orden público, fuese necesaria para salvar una 
difícil situación financiera. 



— 101 — 


No estamos de acuerdo con tamañas faculta- 
des en manos de cualquier juez; pero las creemos 
facultades útiles y salvadoras ante el reposo, la 
ciencia y el criterio de los eminentes jurisconsul- 
tos que deben formar la Alta Corte de Justicia. 

El Presidente de la República ha de nombrar- 
se por un colegio electoral y no por el Cuerpo 
Legislativo, declarándose incompatible el cargo 
de miembro del colegio con el de Senador y Di- 
putado. 

Muchas otras deficiencias se podrían apuntar 
en nuestra Constitución; pero aquí no hay para 
qué enumerarlas, siendo el objeto principal de 
estas páginas pintar nuestra situación política, y 
declarar la apelación al pueblo su única salida 
decorosa. 

La Convención sabrá hacer un código político 
á la altura de las exigencias modernas y con arre- 
glo á la idiosincracia uruguaya que es lo más im- 
portante tomar en consideración, para formar 
verdaderos ciudadanos que no fíen sus derechos 
al éxito de las batallas ó á las intrigas palacie- 
gas, sino al Código que sepa, hacérselos respetar; 
y concluirán así los blancos y los colorados de 
pega, y desaparecerán los pelafustanes que afir- 
man ser una cosa ú otra, por convicción ó sin 



— 102 — 


ella, más bien lo último que lo primero, con fal- 
ta de sinceridad y por negocio. 

Las elecciones entonces serán más puras que 
una sacerdotisa de Vesta, y no pondrán en aprie- 
tos al austero ciudadano doctor De-María, que 
electo senador por Río Negro habría declinado 
tal honra á no ser por la singular previsión del 
partido blanco que por boca de dos de sus jóve- 
nes guerreros, manifestó al ungido cuánto se es- 
peraba de él y cuán desastrosa sería en los desti- 
nos de su patria adoptiva la repercusión de su 
renuncia espartana, si por desgracia nacional en 
ella persistiese. 

Sea de ella lo que fuere, es necesario concluir 
con las comedias grandes y con las farsas peque- 
ñas de nuestro especial mundo político. 

Hay que hacer patria, que es lo que todos no 
tenemos; y para que todos la tengamos necesita 
el pueblo uruguayo reasumir enérgicamente su 
soberanía y darse la Constitución que su decoro 
y dignidad exigen. 


Hemos arreglado las precedentes páginas se- 
leccionándolas de una larga serie de apuntes que 
habíamos formulado para tratar el asunto con 



— 108 — 


conciencia en el Cuerpo Legislativo si á él nos 
hubiera tocado ir. Allí hubiéramos desarrollado 
infatigablemente un proyecto de reforma de la 
Constitución por apelación directa al pueblo, den- 
tro de las ideas de este opúsculo, y de las que 
pudieran sugerirnos las peripecias de una discu- 
sión que habría sido interesante por hallarse en 
las Cámaras algunos de los pontífices dedicados 
metódicamente á la obra alentadora de la petri- 
ficación constitucional y del anonadamiento del 
pueblo. 

• Los electores de Montevideo, nuestro depar- 
tamento nativo, no nos han querido brindar la 
satisfacción dé hacer oir nuestra voz en el recinto 
de las leyes, dándonos en cambio la que experi- 
mentaba aquel ciudadano que, según Plutarco, no 
habiendo sido electo entre los trescientos se feli- 
citaba de que hubiese ese número de atenienses 
más merecedores que él de consagrarse á la 
patria. 

Aquí los atenienses son menos, apenas unos 
noventa y cinco, y algunos de contrabando, na- 
cidos en suelo extraño; pero entre todos cábenos 
la esperanza de que no ha de faltar alguno, exo- 
riare aliquis, que con más autoridad que nos- 
otros, levante la bandera liberal de la reforma, 



siquiera sea para no honrarnos demasiado envol- 
viendo nuestra justificada derrota con la melan- 
cólica reminiscencia del patricio eminente que 
al saber á Casio vencido j muerto lo llamó «el 
último de los romanos».